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En la cárcel de Burgos

La Justicia ordena indemnizar a la abuela de un preso que se suicidó en una cárcel

28 de julio de 2017

La Audiencia Nacional entiende que la Administración penitenciaria pudo tomar más precauciones en el traslado de un preso con antecedentes de intentos de suicidio y que terminó colgándose de los barrotes de su celda de la cárcel de Burgos

CADENA SER – (ALBERTO POZAS, MADRID).- La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio del Interior a indemnizar con 20.000 euros a la abuela de un preso que en 2014 se quitó la vida colgándose de los barrotes de su celda de la cárcel de Burgos usando una sábana. En una resolución recurrible, los jueces entienden que la Administración penitenciaria pudo haber puesto en marcha más medios de prevención en el caso de un preso que ya había intentado suicidarse ya varias veces. 

Según la sentencia, los hechos ocurrieron en la madrugada del 8 de febrero de 2014, cuando este preso de origen gipuzkoano estaba siendo trasladado desde la cárcel de Álava hasta la del Puerto de Santa María (Cádiz) haciendo parada esa noche en Burgos, con otra más programada en Madrid al día siguiente. A las siete y media de la mañana, los funcionarios que iban a repartir el desayuno encontraron su cuerpo colgando de los barrotes de la ventana con una sábana al cuello.

Después de la negativa del Ministerio del Interior a asumir su responsabilidad en esta muerte, han sido los jueces de lo contencioso de la Audiencia Nacional los que han sentenciado que la abuela del joven debe ser indemnizada con 20.000 euros. La resolución, que todavía es recurrible, reconoce que el fallecimiento "obedeció a la libre decisión del interno" pero también que existió "un punto de anormalidad en el funcionamiento de los servicios penitenciarios" al no poner en marcha medidas especiales de seguridad en el caso de un preso que había intentado suicidarse varias veces en los últimos años. 

Según el expediente administrativo, el preso se había intentado quitar la vida o se había autolesionado en media docena de ocasiones en los últimos tres años, incluyendo una amenaza explícita: "En menos de un mes me voy a ahorcar", dijo un mes antes de quitarse la vida cuando pidió quedarse en Álava y no ser trasladado a Cádiz de nuevo, donde ya había pasado una temporada. Había sido incluido varias veces en el programa de prevención de suicidios, con presos de apoyo en la celda y también había sido expedientado y sancionado en varias ocasiones por agredir a otros internos e incluso amenazarles de muerte.

Episodios que, para la Audiencia Nacional, tendrían que haber puesto sobre aviso a la administración penitenciario para extremar las precauciones durante su estancia en Burgos, camino de Cádiz: "La absoluta falta de medidas específicas, dados sus antecedentes, revelan cierta dejadez de los servicios penitenciarios en el cumplimiento de su obligación de velar por la vida del fallecido", explica la sentencia, destacando también que incluso el Director de la cárcel de Álava había advertido sobre las características específicas del preso.

Reconocen los jueces que "no se puede impedir al cien por cien el suicidio de un interno cuando éste tiene la firme y decidida voluntad de quitarse la vida", pero también que Interior debe hacerse cargo de la indemnización de 20.000 euros a la abuela de este preso que tenía 22 años cuando se suicidó. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo, por lo que todavía no es firme.

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