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Los psiquiátricos penitenciarios de España están saturados

8 de julio de 2017

Casi 500 enfermos que cometieron delitos viven en los dos centros españoles de este tipo. «El modelo es obsoleto y anacrónico»

IDEAL.ES – (INÉS GALLASTEGUI, GRANADA).- A primera hora de la tarde del 3 de abril de 2003, en la clínica de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, donde trabajaba, Noelia de Mingo sacó un cuchillo de 15 centímetros de hoja que llevaba escondido en su bata de médico y empezó a asestar puñaladas a quienes se encontró a su paso: compañeros, pacientes y familiares. Aquel horror duró unos segundos y dejó un rastro de tres muertos y seis heridos. El sábado pasado, la autora de aquella matanza que conmocionó al país comenzó a disfrutar de un permiso penitenciario de 90 días, mientras aguarda la decisión del juez sobre su libertad definitiva. ¿Qué ha ocurrido en estos 14 años? La clave es que De Mingo, para quien el fiscal pidió 65 años de prisión, fue considerada inocente. Según el tribunal, mató enajenada por su esquizofrenia paranoide, víctima de delirios y alucinaciones que le hacían ver en quienes la rodeaban una amenaza para su vida. Los jueces la declararon inimputable y ordenaron su internamiento en un hospital psiquiátrico penitenciario hasta su completa recuperación, durante un máximo de 25 años. No era un castigo, sino una «medida de seguridad».

En España hay dos hospitales psiquiátricos penitenciarios, en Sevilla y en Alicante, y están rodeados de cierto halo de misterio. Quizá porque la enfermedad mental sigue asustando a la sociedad, a pesar de que una de cada cuatro personas padecerá una a lo largo de su vida y de que un mínimo porcentaje de los afectados comete acciones violentas.

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de quien dependen estos centros, no ayuda mucho a disipar la bruma: la petición de información de este periódico recibió un rotundo 'no' por respuesta. «Por razones de seguridad», alegó este departamento del Ministerio del Interior.

«No me extraña. Somos los grandes olvidados de la administración penitenciaria», afirma un funcionario de Fontcalent representante del sindicato mayoritario de Prisiones, Acaip. Él y su homólogo de Sevilla, que denuncia el «abandono» de las instituciones en los últimos años, describen un escenario desolador. Establecimientos hacinados y obsoletos, falta de personal y una mezcolanza de internos que hace imposible cumplir los objetivos para los que fueron creados hace treinta años: recuperar para la sociedad a personas que cometieron actos delictivos bajo el influjo de una alteración psíquica.

En su web, Instituciones Penitenciarias destaca que en estos hospitales los internos «no se clasifican por grados» en función de su peligrosidad, «son considerados pacientes» y se les trata en virtud de un «criterio facultativo especializado». Aparte de proteger a la sociedad de sus crisis y de proporcionarles a ellos un entorno seguro, estas instalaciones ofrecen tratamiento terapéutico y cuidados de salud a los internos, que además pueden participar en diversas actividades, desde talleres de pintura y artesanía hasta clases de jardinería, cocina o peluquería. (...)

 

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