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PNV y Gobierno allanan el terreno para otra política de presos si ETA se disuelve

24 de mayo de 2017

El PP no piensa mover ficha hasta que la banda confirme que desaparece y Urkullu espera reunirse pronto de nuevo con Rajoy y abordar el tema

EL DIARIO VASCO.COM – (JORGE SANZ).- PNV y Gobierno central han comenzado a allanar el terreno para una posible flexibilización de la política penitenciaria si ETA se disuelve tras el verano. El propio portavoz jeltzale en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, desveló ayer que «en altas esferas» del Ejecutivo del PP existe «el convencimiento» de que hay que modificar la política con los reclusos de la banda, aunque reconoció que «ahora es muy difícil virar» en esa dirección, después de la actitud que los populares han mantenido hasta ahora. De hecho, fuentes gubernamentales precisan que en principio el Ejecutivo de Mariano Rajoy no se quiere precipitar en los posibles pasos que dé, que en ningún caso se producirán antes de que ETA aclare su futuro, que pasa por la desaparición efectiva tras el debate que concluirá en otoño. El lehendakari Iñigo Urkullu, asimismo, volverá a plantear sus demandas al presidente Rajoy, entre ellas la de la transferencia de Prisiones, en la reunión que quiere mantener con él próximamente para abordar ese y otros asuntos.

La política penitenciaria no ha estado como tal en la negociación presupuestaria, tal y como confirmó ayer Esteban en una entrevista en RADIO EUSKADI, en la que precisó que meter la cuestión de los presos en las conversaciones sobre las cuentas «habría hecho saltar todo». No obstante, la confianza que se ha empezado a tejer entre PNV y PP a raíz de su pacto sobre el Presupuesto del Estado puede ayudar a futuro a que Rajoy tenga en mayor consideración las demandas de la formación nacionalista vasco sobre política penitenciaria.

Desde el PP, no obstante, precisan que de momento el Gobierno no quiere precipitarse, por lo que no prevén mover ficha con los presos a corto plazo. En primer lugar, aguardan a que ETA concluya su debate interno y confirme que efectivamente desaparece. Como han repetido distintos dirigentes del PP vasco, como Borja Sémper, si la banda se disuelve «en 48 horas cambiará la actual política de dispersión».

Otras prioridades

Los populares no quieren que en ningún caso se interprete que cualquier eventual movimiento se produce en respuesta al reciente desarme de ETA, por lo que prefieren dejar pasar cierto tiempo. No obstante, desde el PP sí asumen que el «contexto» en Euskadi ha cambiado y que hay determinadas situaciones, en alusión a algunos presos gravemente enfermos, que quizás deban cambiar. En todo caso, la política carcelaria no está entre las «prioridades» de Rajoy, que pasan por preparar los Presupuestos del próximo año y por gestionar la nueva situación creada tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE.

De hecho, los posicionamientos oficiales en Madrid tanto del Gobierno como del PP no permiten atisbar grandes variaciones. Así lo entiende también el PNV, que recuerda cómo «en un momento determinado», se permitió que determinadas asociaciones de víctimas influyeran en las decisiones del Gobierno «desde posiciones absolutamente encastilladas». No obstante, Esteban sostiene ahora que en el Ejecutivo popular están convencidos de que «hay unas sinergias y unos miedos que se tienen que ir venciendo».

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Sortu niega legitimidad a un expreso acusado de «violencia machista»

Sortu hizo público ayer un comunicado para negar cualquier «legitimidad para hablar en nombre del colectivo de presos ni de la izquierda abertzale» al exrecluso J. A. F., ‘M.’, expulsado del movimiento político tras aplicársele el «protocolo sobre violencia machista». El testimonio de ‘M.’ va a ser emitido mañana en un programa de ETB2 sobre la dispersión. Sortu precisa que Fernández «no mantiene ningún vínculo con la izquierda abertzale» y que «desgraciadamente, sabemos que muchas mujeres pueden sentir dolor al volver a recordar lo que este hombre les hizo sufrir. La izquierda abertzale les quiere mostrar su apoyo y solidaridad». Sortu señala que los «ataques y actitudes» de este expreso son «totalmente inaceptables e incompatibles con la militancia» en este sector político.

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La cautela reina también en el Gobierno Vasco de Iñigo Urkullu, que ya entregó a Rajoy su plan para acercar presos a Euskadi y que está a la espera de reunirse oficialmente con el presidente del Gobierno. El último encuentro entre los dos mandatarios fue en marzo, en vísperas de que los intermediarios civiles del desarme anunciaran sus planes. Fue un encuentro improvisado a última hora en el que Urkullu y Rajoy analizaron la nueva situación. La primera reunión formal de la legislatura sigue todavía pendiente, sin fecha, a la espera de si puede celebrarse antes de las vacaciones de verano. En ella, el lehendakari expondrá sus reivindicaciones sobre autogobierno y política penitenciaria. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, ya avanzó recientemente la intención de reclamar al Estado la transferencia de Prisiones, entre otras competencias.

Los presos, sumidos a su vez en la recta final del debate interno para explorar todas las vías legales, ven clave la asunción de las cárceles por la Comunidad Autónoma Vasca para, si se produce el acercamiento, depender de jueces ordinarios y no de la Audiencia Nacional. En este sentido, reclusos del colectivo oficial, EPPK, han comenzado a enviar cartas, de manera individualizada, al lehendakari, a la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, y al PNV en las que les piden que, «en la medida de su responsabilidad», hagan «lo necesario» para que termine su «situación de sufrimiento».

En cada misiva -la misma pero con los datos personales de cada recluso que la remite-, los internos cuentan en qué cárcel están «deportados», los kilómetros que recorren sus familias para verles y el coste que ello supone. Además, señalan que la «política de deportación y dispersión que dura casi tres décadas, fue puesta en marcha por el Gobierno del PSOE de entonces, con el apoyo total y la asesoría precisa del PNV», y ahora el PP se niega a poner fin a esta «política asesina».

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