Skip navigation.

M.I. Colegio de Abogados de PamplonaM.I. Colegio de Abogados de Pamplona
M.I. Ilustre colegio de abogados de pamplona
Derecho penitenciario
Bibliografía Centros penitenciarios Enlaces
La WebPresentaciónNormativaJurisprudenciaOrganismos internacionalesDoctrinaEncuentrosNoticias
Derecho Penitenciario > Noticias

Noticias

El trato a los presos corruptos tensa a la Fiscalía de Valencia

8 de mayo de 2017

Los permisos concedidos a colaboradores de R. B. en marzo crispan al ministerio fiscal

EL MUNDO.ES – (JUAN NIETO, VALENCIA).- El trato que se da a presos condenados por casos de corrupción y que solicitan permisos penitenciarios ha dividido a la Fiscalía de Valencia y ha generado tensiones en las últimas semanas. Los fiscales de Vigilancia Penitenciaria han trasladado a sus superiores su malestar después de que la Fiscalía Anticorrupción asumiera los expedientes penitenciarios del caso Cooperación, el procedimiento que llevó a la cárcel al ex conseller R. B. por el desvío de ayudas públicas al Tercer Mundo.

Según admiten diversas fuentes judiciales, el asunto a punto estuvo de elevarse al fiscal de Sala a por las discrepancias que se generaron e incluso llegó al fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix.

Según esta información, la crisis acabó en una crispada reunión en el despacho de la fiscal-jefa de Valencia, Teresa Gisbert, y se resolvió devolviendo las competencias a los fiscales de Vigilancia Penitenciaria para que sigan tramitando según sus propios criterios los expedientes penitenciarios de los internos condenados por casos de corrupción.

Los permisos que se conceden a la población reclusa en España forman parte del tratamiento penitenciario como medio para la reinserción y buscan garantizar que no pierdan el contacto con el exterior. Es una forma de prepararlos para que vivan de nuevo en libertad.

Los fiscales informan sobre los permisos en función de las recomendaciones que marque la Junta de Tratamiento y después es el juzgado de Vigilancia Penitenciaria el que toma una decisión. En la mayor parte de los casos los informes de la Fiscalía son negativos, pues los reos no cumplen con los requisitos que marca la normativa, como el pago de la responsabilidad Civil.

Hasta que la Fiscalía Anticorrupción asumió los expedientes de los condenados por el caso Cooperación, los fiscales de Vigilancia Penitenciaria eran contrarios a conceder permisos porque, entre otros motivos, no han devuelto el dinero malversado. Sin embargo, con el cambio de competencias, el ministerio fiscal modificó su criterio justo cuando se estaba negociando un pacto en el resto de piezas que siguen abiertas y que finalmente saltó por los aires por motivos que aún se desconocen.

La Fiscalía Anticorrupción intervino en los expedientes de T. S., la colaboradora más cercana a R. B., y de A. C. T., el corruptor del ex conseller.

En el caso de T. S., la junta de tratamiento le denegó un permiso y, cuando recurrió la decisión y se dio traslado a las partes, el Ministerio Fiscal emitió un informe en el sentido de interesar la estimación del recurso de la interna al margen de los fiscales de Vigilancia Penitenciaria, que hasta entonces se habían opuesto. Finalmente el juzgado le concedió a T. S. un cupo semestral de salida de seis días a disfrutar en dos permisos.

Lo mismo ocurrió con A. C. T. El empresario tenía suspendido sus permisos por dos sanciones administrativas que arrastraba, una por acceder a internet y la otra por montar una instalación eléctrica en su celda. Poco antes de que el castigo finalizara, Anticorrupción asumió su expediente penitenciario y el juzgado, visto el informe de la Fiscalía, procedió a levantar la suspensión del permiso acordada en su día y disfrutó de seis días de libertad en marzo.

R. B. también solicitó a la Junta de Tratamiento un permiso pero se lo denegaron. Cuando recurrió la decisión las competencias ya habían sido devueltas a la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria y el informe fue negativo. El viernes trascendió que np disfrutará de permisos por ahora.

© M. I. Colegio de Abogados de Pamplona - Iruñeko Abokatuen Elkargo T. Arg. - Avenida del Ejército, 2 - Planta 10ª, 31002 Pamplona