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Las cárceles alojan el menor número de reclusos en Galicia desde 1990

8 de mayo de 2017

Las 3.424 personas encarceladas en enero de 2017 es la cifra más reducida de la serie estadística iniciada hace 27 años. El récord absoluto se registró en 2009: había más de cinco mil presos

EL CORREO GALLEGO.ES – (ANTONIO P. FIDALGO).- Cuando la crisis económica estallaba con total virulencia en España, hablamos del año 2009, en las cárceles gallegas (actualmente Teixeiro y Curtis en A Coruña; A Lama, en Pontevedra; Pereiro de Aguiar, en Ourense; Monterroso y Bonxe, en Lugo, más los Centros de Integración Social-CIS de A Coruña y Vigo) registraban una masificación difícil de asimilar por el sistema penitenciario: había más de 5.000 internos (5.069 el 1 de enero aunque a lo largo del año con los traslados se contabilizaron picos por encima de los 5.200). Fue el récord absoluto de la última serie estadística histórica que se inició en 1990; es decir, hace casi tres décadas.

Nunca antes se habían alojados tantos presos en los penales gallegos y, como ejemplo, entre el 1 de enero de 2007 y la misma fecha de 2009, la población reclusa en nuestra comunidad se disparó en casi mil personas.

Fue a partir de 2010, metidos ya en el agujero negro de la terrible recesión económica, el sistema penitenciario español empezó un tan acusado como constante descenso en el número de reclusos. ¿Dejaron de delinquir los ciudadanos en una situación de mayor pobreza? ¿Se aflojó la efectividad policial? ¿Se volvieron más benévolos los jueces?

Los datos estadísticos de los ministerios de Interior y Justicia descartan estas posibilidades: el número de delitos y condenas a lo largo de estos años no justifican este descenso tan apreciable que aparece en Instituciones Penitenciarias. ¿Qué ocurrió?

Diversas fuentes consultadas justifican esta reducción en un cambio en la política que llevó a incrementar el traslado de presos extranjeros a sus países de procedencia, merced a los acuerdos de bilateralidad entre países.

En estos años se activó una posibilidad que contempla la legislación española: la expulsión de las personas condenadas por delitos en nuestro país. Todo aquel extranjero que reciba una condena de entre uno y siete años los tribunales le plantean una doble posibilidad: cumplir la pena íntegra en cárceles españolas o irse de España y no regresar a nuestro territorio en un plazo de diez años. Incluso muchos jueces ya acuerdan la expulsión a la hora de dictar condena. La mayor parte de estos casos se da entre personas que se encuentran encarceladas.

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