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368 condenados por violencia de género en Euskadi sustituyen la cárcel por rehabilitación

24 de abril de 2017

Los delitos machistas y los relacionados con la seguridad vial acumulan la mayor parte de medidas alternativas a la prisión En 2016, el Servicio Vasco de Gestión de Penas tramitó 11.399 medidas

EL MUNDO.ES – (BELÉN FERRERAS, BILBAO).- Un total de 368 hombres condenados por delitos de violencia de género sustituyó el año pasado penas de cárcel por programas de rehabilitación dentro del programa GAKOA. Este programa se incluye dentro del SERVICIO VASCO DE GESTIÓN DE PENAS (SVGP) que se ocupa del cumplimiento íntegro de las condenas impuestas por los jueces en aquellos casos en los que sustituye la cárcel por trabajos en beneficios a la comunidad, ingresos en psiquiátricos o la asistencia a talleres o terapias, como es el caso de estos delitos relacionados con la violencia de género.

Hay que tener en cuenta que se trata siempre de delitos que no se consideran graves, es decir, que el juez entiende que no merecen más de dos años de cárcel y que pueden sustituirse por este tipo de programas, entendidos más que como un castigo como una forma de conseguir la reinserción de esta persona. «Se trata de evitar que esos delitos ahora leves con el paso del tiempo pasen a estadios de violencia mayor», señala Roberto Moreno, responsable del Servicio de Justicia de Adultos del Gobierno vasco.

Normalmente se trata de de amenazas leves, insultos, quebrantamiento de condenas o coacciones que constituyen delitos de violencia de género pero que con la asistencia a este programa se confía en erradicar desde el origen del problema. Eso sí, «siempre dando prioridad a la protección de la mujer». «Lo que se busca mediante los talleres o la terapia individual o grupal es conseguir un cambio en la persona y para dar por finalizado el proceso el juez debe contar con un alta terapéutica».

Por el momento no se han llevado a cabo evaluaciones que permitan medir el grado de éxito de esta terapias, aunque Moreno señala que, a falta de cifras concreta, hasta ahora no se conoce que ninguno de los que han pasado por este programa haya reincidido y menos en delitos mayores relacionados en violencia contra las mujeres, por lo que puede hablarse de éxito del programa para el que no hay edades ni estratos sociales concretos, lo que supone que la violencia de género, ya sea física o psicológica puede afectar por igual. «Hay desde empresarios o autónomos de 60 años a jóvenes de gimnasio», dice.

Según Moreno, el mayor reto con el que se encuentra actualmente el servicio de gestión de penas es «ajustar los tiempos» para que los condenados accedan al trabajo o terapia que les ha asignado el juez o con el que se permite sustituir la cárcel antes de que su delito prescriba, pasados dos años desde la condena. «Ahora se está llegando casi al límite», dice, por la escasez de medios de personal con los que cuenta este servicio, apenas unas 27 personas, lo que supone «unos 250 autos de ejecución por cada trabajador».

Hay que tener en cuenta que los delitos de violencia de género suponen una parte muy importante de los que se ocupa este servicio, el 24% del total, pero no son los únicos. Los delitos contra la seguridad vial representan la mayoría de estas medidas, el 31%, seguidos de delitos contra el patrimonio, lesiones o delitos contra la salud pública, entre otros.

Como muestra del elevado volumen de trabajo que acumula este servicio, el año pasado se atendieron 11.399 medidas judiciales alternativas a la prisión, de las cuales 6.185 corresponden a medidas que se derivaban de años anteriores y 5.214 a ese año 2016.

En total en estas medidas sustitutivas de la prisión están involucradas 2.919 personas, de las que 1.826 están realizando trabajos a la comunidad, a 1.052 se les ha suspendido la condena bien por trabajos, asistencia a talleres cursos o terapias, y a 41 de ellos se les ha aplicado medidas de seguridad, que son los que tiene problemas de salud mental grave que obliga al ingreso en hospitales psiquíátricos. Un punto en el que Euskadi es pionero porque en colaboración con Osakidetza, se da prioridad a las necesidades del penado como enfermo a la hora de elegir el centro en el que debe ingresarse.

Euskadi es además la única comunidad autónoma que se ocupa de la gestión de estas medidas alternativas a la prisión, a excepción de Cataluña que tiene transferidas las competencias de prisiones.

«La cantidad de medidas judiciales alternativas a la prisión demuestran que este servicio que depende del Gobierno vasco está muy arraigado en el sistema judicial vasco», señala Moreno, que recuerda que es posible llevarlo a cabo gracias a una red de ONG que se ofrecen de forma gratuita para que los penados cumplan sus condenas en favor de la comunidad en sus servicios.

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