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Cambio en el sistema penitenciario catalán

Los presos de extrema peligrosidad estarán menos en sus celdas

17 de abril de 2017

La Conselleria de Justícia pone en marcha un plan de choque para solucionar las deficiencias detectadas en una auditoría La propuesta pasa por un aumento del tratamiento individualizado y la reducción del tiempo de aislamiento

EL PERIÓDICO.COM – (J. G. ALBALAT, BARCELONA).- La Conselleria de Justícia está reformando el régimen de tratamiento penitenciario cerrado para los presos de “extrema peligrosidad” o conflictivos, a raíz de una auditoría elaborada en el 2016 en la que se detectaron deficiencias en lo que técnicamente se denomina primer grado (hay tres y el último es el de semilibertad). Entre otras cosas, no estarán tanto tiempo en su celda. Este régimen no tiene nada que ver con el que se aplica a los reclusos que son sancionados por algún incidente dentro de la cárcel y cuyo sistema es de prácticamente “aislamiento” y es totalmente restrictivo (la prisión dentro de la prisión).

Una comisión de trabajo del Parlament está analizando desde hace tiempo el funcionamiento de los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado, en los que ingresan los presos condenados considerados “de peligrosidad extrema o inadaptados al régimen ordinario” de la cárcel, según la legislación vigente. El director de prisiones de la Generalitat, Amand Calderó, comparecerá este martes en esta comisión, donde hace unos días se hizo público el testimonio de dos presos y un exrecluso que denunciaron haber sufrido malos tratos. La Conselleria de Justícia tiene abierta una investigación sobre estos casos. "El primer grado penitenciario no es un castigo, sino una propuesta de tratamiento y la idea es que los presos puedan progresar más rápidamente", recalca Calderó.

El reglamento penitenciario detalla que los internos que están en el primer grado penitenciario deben estar recluidos en celdas individuales, tienen las actividades limitadas, están más vigilados y el régimen de vida lo acuerda la junta de tratamiento de la prisión. La permanencia en esta situación debe revisarse en un máximo de seis meses. Estos presos disponen de un mínimo de cuatro horas de patio, aunque los más inadaptados solo disponen de tres. La vida en común está también delimitada y solo pueden coincidir un máximo de dos reclusos en el patio. También se les registra la celda y a ellos cada día, pudiendo recurrir, incluso, al desnudo integral.

EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

La Conselleria de Justícia encargó en febrero del 2016 una auditoría sobre los departamentos de régimen cerrado, con entrevistas a los profesionales y a los presos, comprobación de documentos y revisión de las instalaciones. La Direcció General de Serveis Penitenciaris detectó estas deficiencias: la Modelo no dispone de instalaciones adecuadas para el tratamiento, hay cárceles que no hacen actividades en grupo y otras que no proporcionan información precisa a los reclusos sobre los condiciones del cambio de régimen ordinario al cerrado.

Asimismo, se constató la "atención insuficiente" del personal de rehabilitación, la "ausencia" de una política común entre cárceles y que la mayoría de los presos que están en este régimen no tienen un programa individualizado de tratamiento. Además, según la auditoría, muchos presos prefieren comer en su celda, a pesar de que debían hacerlo en un espacio común, y se “incumple”, en algunos casos, el mínimo de tres horas de patio, entre, otros motivos, porque algunos prefieren permanecer en las celdas.

A partir de esta auditoría, la Generalitat ha puesto en marcha un plan de choque. En las cárceles de Brians 2 (Sant Esteve de Sesrovires) y la de Quatre Camins (La Roca del Vallès) ya funcionan y la previsión es que se aplique en todas las prisiones en el 2018. La idea es que se aumente entre el 25% y el 50% la atención personal de tratamiento, se incremente la actividad fuera de la celda, del mínimo de cuatro horas actual a un mínimo de seis horas, y la reducción del máximo de reclusión de 20 horas de ahora a 18 diarias. También se contempla un plan para asegurar la actividad física de los internos, la actualización del programa individualizado de tratamiento en un máximo de 15 días y la revisión de la clasificación cada tres meses, la mitad que establece la ley. La formación de los funcionarios es otro de los puntos esenciales.

REDUCCIÓN DE RECLUSOS

Antes de que se realizara la auditoría, había un 2,5% de internos en primer grado y, tras la aplicación del plan de choque, se ha reducido a 1,7%. En la actualidad hay unos 150 presos en estas condiciones, según fuentes de Justícia. El objetivo es estabilizar esta situación por debajo del 2%. La Generalitat, además, está preparando una nueva circular sobre el tema que sustituirá a la que está vigente. En junio del año pasado, asimismo, empezaron a realizarse cursos de formación, destinados a 3.891 profesionales, sobre el protocolo de Estambul sobre derechos humanos, con la intención de prevenir los tratos crueles e inhumanos en los centros penitenciarios.

Expedientes y sanciones a funcionarios

Desde el 2016 hasta ahora, la Dirección General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat ha abierto información reservada sobre nueve incidentes ocurridos en las cárceles catalanas en las que se han visto involucrados funcionarios. Tras las pertinentes pesquisas, ha aplicado una sanción administrativa (suspensión de empleo o apercibimiento) a cuatro empleados de prisiones. Dos expedientes, además, han sido remitidos a la fiscalía para que estudiara si se había cometido algún delito. Uno de ellos, que afecta a cuatro funcionarios, y otro caso, que la fiscalía todavía está estudiando, en el que figuran otros cinco empleados. Amand Calderó precisa que es injusto “criminalizar” a todo un colectivo, como en ocasiones se pretende. “Tenemos un nivel de profesionalidad muy bueno”, asegura. En total hay 5.400 profesionales que trabajan en las prisiones.

Ante una posible negligencia, la dirección general primero abre una investigación reservada (como es el caso de los presos que han denunciado malos tratos en el Parlament) y, si se derivan responsabilidades disciplinarias, se incoa un expediente sancionador. Y si hay indicios de delito, se remite el asunto a la fiscalía. Las cárceles más modernas cuentan con cámaras de seguridad y la Generalitat pretende colocar más en los centros más antiguos.

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