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Presos dentro de la cárcel, así viven los reos del régimen cerrado

11 de abril de 2017

El informe anual del Defensor del Pueblo sobre malos tratos señala el «aislamiento total» de los 193 reclusos más conflictivos con medidas de seguridad

LAS PROVINCIAS.ES – (MATEO BALÍN, MADRID).- El 21 y 22 de junio pasado dos técnicos del Defensor del Pueblo y dos médicos externos realizaron una visita sin previo aviso al Centro Penitenciario de León. Formaban parte del equipo MNP (Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes). Su cometido consiste en visitar toda clase de centros de privación de libertad en el país y examinar los aspectos que afectan a las personas que allí se encuentran.

El equipo multidisciplinar del MNP, cuya función por Ley Orgánica 1/2009 compete al Defensor del Pueblo, realizó 101 inspecciones el pasado año (62 en 2015) y formuló 352 resoluciones. La del Centro Penitenciario de León tenía como objetivo prestar particular atención a los módulos de régimen cerrado. Se trata de aquellos que implican la aplicación de criterios de máxima seguridad y constituyen el tipo de vida más restrictivo que prevé la norma penitenciaria. En su mayoría se aplica a presos que se encuentran en régimen FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento) o por haber provocado desórdenes internos. Según el Defensor del Pueblo, este régimen presenta unas condiciones de «dureza intensa».

Durante la visita de junio se realizaron entrevistas reservadas con los internos de estos módulos y se examinaron sus historias clínicas y expedientes. Igualmente se mantuvieron entrevistas con los funcionarios que prestan servicio allí y se remitieron recomendaciones a la administración competente, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.

En la cárcel de León, donde residen casi un millar de reclusos, el módulo de régimen cerrado es el número 15. Allí se encontraban el pasado año cinco de los 193 presos calificados como «más peligrosos» dentro del primer grado penitenciario en todas las cárceles españolas y de Cataluña, que tiene asumidas las competencias penitenciarias.

El parte de deficiencias en León es muy extenso: celdas sin cámaras de grabación o videovigilancia, no hay actividad terapéutica, los patios donde los reos pasean una vez al día durante «pocas horas» son de cemento y no tienen techado para resguardarse, no hay seguimiento médico a los enfermos y tampoco se regula los mecanismos para denunciar malos tratos. Salvo la primera especificidad que la administración va a corregir, el resto han sido rechazadas por criterios de la «Dirección del Centro», según detalla el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Programas «deficientes»

Del mismo modo, los técnicos visitaron sin previo aviso los módulos de régimen cerrado de los centros penitenciarios de Dueñas (Palencia), Zuera (Zaragoza) y Teixeiro (La Coruña). En estos lugares donde un recluso puede permanecer «el tiempo mínimo necesario hasta que desaparezcan o disminuyan las razones» que sirvieron para su encierro -cada tres meses se revisa su situación- se desarrollan de forma «deficiente» otros programas, según el informe del Defensor del Pueblo.

A saber, «una amplia mayoría de los internos entrevistados no conocían el plan específico de actividades para su condición; las consultas médicas se realizan desde el exterior de la celda, a través de la puerta de barrotes, lo que impide el contacto directo con el interno y vulnera el derecho a la intimidad entre médico y paciente; las celdas cuentan con elementos mínimos y la ventanas dan con frecuencia al muro del patio de luces; y las salidas al patio son en solitario, contacto mínimo con funcionarios y cambio de celda de forma periódica».

En suma, señala el Defensor del Pueblo, las medidas especiales de seguridad del régimen cerrado supone el «total aislamiento» del interno y presenta unas «condiciones de dureza intensa», que se agravan en el caso de aplicación de las previsiones contenidas en la orden del la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias de agosto de 2016. Son las medidas contenidas para el control de internos en 'FIES 1 CD' cuando se protagonicen incidentes muy graves al atentar contra la integridad física de otros internos, funcionarios o trabajadores del centro.

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