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Baltasar Garzón: "Un Estado de derecho no puede permitir que una persona muera en prisión"

25 de marzo de 2017

"Las razones humanitarias deben aplicarse por igual a cualquier persona que esté en una situación incompatible con los fines de la pena", señala El exjuez de la Audiencia Nacional sostiene, durante un viaje a Chile, que "en ningún caso la justicia es venganza"

INFOLIBRE.ES – El exmagistrado español Baltasar Garzón, que impulsó el arresto domiciliario en 1998 del dictador chileno Augusto Pinochet, defendió este viernes la necesidad de evaluar las situaciones de los presos "caso a caso", insistiendo en que un Estado de derecho "no puede permitir que una persona muera en prisión", informa Europa Press.

Garzón, que se encuentra en Chile en una breve visita para participar en un foro sobre genocidio, se mostró "convencido" de que existen casos de presos que la Justicia debe valorar "minuciosamente". Estas declaraciones, concedidas al diario chileno La Tercera, responden a la solicitud por parte de exoficiales del Ejército acusados por crímenes de lesa humanidad que han solicitado un indulto por enfermedad.

"Las razones humanitarias deben aplicarse por igual a cualquier persona que esté en una situación incompatible con los fines de la pena", explicó el exjuez. En este caso, indicó, "el lugar de cumplimiento (de la condena) puede no ser el elemento principal."

"Sin embargo, si es como regla general y una reivindicación, no me parece bien. En todo caso, para paliar estas situaciones, no creo que el indulto sea la medida a adoptar", matizó.

En este contexto, recordó el caso de Joseba Imanol Elosúa, propietario del bar El Faisán de Irún (Guipúzcoa) y presuntamente responsable del aparato de extorsión de ETA, para quien decretó libertad provisional cuando era magistrado de la Audiencia Nacional debido a su precario estado de salud.

"En este asunto me he expresado públicamente en España, con casos como el de un dirigente de la organización terrorista ETA cuya prisión ordené y que después fue condenado por actos execrables, que sufría un cáncer terminal", explicó. "Mi opinión fue clara: un estado de derecho no puede permitir que una persona muera en prisión, porque, en ningún caso la justicia es venganza", concluyó. La puesta en libertad de Elosúa tuvo lugar en febrero de 2007, cuando Garzón acordóa la medida tras conocer los informes de dos forenses que acudieron a la prisión de Martutene (San Sebastián) para explorar a Elosúa, con cáncer de próstata complicado con una dolencia cardiaca.

Indultos a condenados por la dictadura

La polémica sobre los indultos a los presos condenados por su implicación en crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet salió a la luz después de que a principios de marzo falleciera el excarabinero Gustavo Muñoz Albornoz, que cumplía una condena de diez años por un delito de secuestro y asesinato en 1973. Muñoz, con una enfermedad renal crónica terminal y otras enfermedades derivadas, falleció después de haber solicitado el indulto por razones de salud. Este indulto lo solicitaron además otros cuatro internos de la prisión de Punta Peuco, donde estaba encarcelado. El abogado del fallecido, Raúl Meza, denunció que la muerte de su cliente hubiera tenido lugar mientras él estaba en prisión, provocando una serie de protestas por parte de familiares de exagentes encarcelados que solicitaron el perdón presidencial por razones sanitarias.

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