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La prisión de Córdoba restaura la legalidad al activar la calefacción

15 de febrero de 2017

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Córdoba) agradece la implicación del Ayuntamiento de Córdoba, las preguntas parlamentarias en Congreso y Senado de algunos grupos parlamentarios y de los medios de comunicación

APDHA.ORG – (CÓRDOBA).- Tras la presión mediática y política emprendida por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y por los propios presos, que interpusieron numerosas quejas ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Córdoba durante el mes de enero pasado, se ha conseguido que la prisión de Córdoba reponga la legalidad encendiendo la calefacción. Sin esta labor de incidencia política nunca se hubiera recuperado. Debe recordarse que la APDHA interpuso queja al Juzgado de Vigilancia, a los Defensores del Pueblo estatal y andaluz, así como pidió la intervención del Ayuntamiento de Córdoba (en concreto al Concejal de Servicios Sociales de IU, que fue muy activa) y de los diferentes grupos parlamentarios, que llegaron a plantear preguntas parlamentarias tanto en el Congreso (Ciudadanos) como en el Senado (Podemos).

La activación de la calefacción supone un reconocimiento implícito de su mala gestión durante los últimos años al privarse de modo injustificado de la misma. Resulta lamentable que durante los años de la crisis, los presos hayan sido el único colectivo que haya sufrido dicha medida de ahorro, no impuesta en ningún otro servicio público residencial.

En cualquier caso, sigue siendo injusto e incoherente que lo conseguido en la prisión de Córdoba no se haya extendido al resto de prisiones andaluzas, muchas de las cuales siguen padeciendo la falta de calefacción.

Debe recordarse que pese a disponer de los sistemas para ello, Instituciones Penitenciarias mantuvo esta restricción pese a las temperaturas tan frías, que llegó a alcanzar los 4 grados bajo cero en el mes de enero.  Existía pues, una triple  discriminación:   frente   a   los   usuarios   de   otros   servicios públicos residenciales (hospitales, centros de mayores, menores, PSH…) del resto de Administraciones; frente a presos de otras prisiones y comunidades; y  frente al personal laboral o terceros  como  abogados que sí disfrutaban legítimamente de la misma en el mismo Centro Penitenciario.

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