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Interior revoca la orden que limitaba los fármacos a los presos

3 de febrero de 2017

Prisiones elimina la restricción después de que la justicia la cuestionara

EL PAÍS.COM – (REYES RINCÓN).- Los médicos y farmacéuticos que atienden a los presos podrán dispensarles cualquier principio activo que esté financiado por la sanidad pública. Instituciones Penitenciarias envió este jueves a todas las cárceles una nueva orden que revoca la obligación de obtener un visado para dar a los presos aquellos medicamentos que el Ministerio del Interior había decidido no financiar a los reclusos a pesar de que sí se sufragan para la población general.

La nueva orden de Interior acata la suspensión cautelar que ha decretado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la normativa anterior, como publicó este jueves EL PAÍS. Interior ha recurrido la decisión judicial y, en un correo electrónico enviado el pasado lunes a las prisiones, el subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo, instó a los médicos de las cárceles a seguir prescribiendo solo los principios activos recogidos en la Guía Farmacoterapéutica de Prisiones y a tramitar visados para dispensar otros. “Todo sigue exactamente igual hasta que el tribunal no se pronuncia sobre este asunto, que supongo que será en unas semanas”, explicó Arroyo en su correo.

Sin embargo, la nueva orden, enviada este jueves a las cárceles después de que EL PAÍS publicara la suspensión de la anterior, está fechada el 27 de enero y dice lo contrario que el correo del subdirector general. Según la nueva instrucción, mientras los tribunales deciden sobre el plan para restringir los medicamentos en las cárceles, queda sin efecto la guía de fármacos de Prisiones y el sistema de visados. En su lugar, Interior insta a sus servicios sanitarios a cumplir la ley de garantías y uso racional de los medicamentos que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a obtener fármacos “en condiciones de igualdad”.

 

LA TRANSFERENCIA PENDIENTE

Los problemas en la atención sanitaria de los presos tienen su origen en que la sanidad de las cárceles es la única que no se ha transferido a las comunidades autónomas. Depende del Ministerio del Interior y lleva dos años en un limbo legal porque el Gobierno no renueva desde 2014 los convenios con las comunidades para garantizar la atención especializada. Una ley de 2003 fijó un plazo de 18 meses para transferir la sanidad de las prisiones a los gobiernos regionales, pero solo el País Vasco ha recibido esta competencia.

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