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Los presos de ETA fían el final de la dispersión a la batalla judicial en el Tribunal de Estrasburgo

14 de enero de 2017

EL DIARIO.ES – (AITOR GUENAGA).- La batalla sobre la dispersión de los presos de ETA se libra en las calles vascas pero también en los tribunales. Junto a las decisiones personales que cada preso de ETA vaya adoptando en los próximos meses en relación a la legalidad penitenciaria para acceder a beneficios en la cárceles (progresiones de grado, libertad condicional, etc.), su equipo de abogados ha decidido trasladar la batalla contra la política de dispersión de los 360 reclusos etarras al Tribunal de Justicia de Derechos Humanos de Estrasburgo.

La letrada del exjefe militar de ETA en los 90 José Javier Arizkuren Ruiz 'Kantauri', Amaia Izko, ha llevado el caso de su dispersión ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La Audiencia Nacional, así como los tribunales Supremo y Constitucional han resuelto en numerosas ocasiones que no se ha producido ninguna vulneración de derechos fundamentales como los de defensa, el de comunicación o visita de sus familiares o el de asistencia médica y de acceso a la cultura, entre otros. Y que que "no existe entre los derechos reconocidos a los internos por la legislación penitenciaria, ni desde luego en la Constitución, el derecho a ser destinado o mantenido en un determinado centro penitenciario, ni siquiera a uno próximo al del lugar de residencia".

Los abogados de los presos de ETA creen, sin embargo, que hay posibilidades de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbe esas interpretaciones y se repita lo sucedido con la doctrina Parot, cuando Estrasburgo obligó a España a excarcelar a más de 80 presos – más de 50 de ETA - a los que se les había alargado de  manera irregular desde febrero de 2006 la estancia en prisión de los etarras con condenas más altas por múltiples crímenes y de peligros delincuentes. Fue precisamente la abogada Amaia Izko la que ganó esa batalla legal y la que aspira ahora a conseguir una segunda victoria en las instituciones judiciales europeas, una especie de 'doctrina Parot dos'.

Kantauri, a quien el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado por ordenar el asesinato en julio de 1997 del concejal del PP en Ermua (Bizkaia) Miguel Ángel Blanco, ha pasado por diversas cárceles españolas desde que fue detenido en Francia en marzo de 2009, entre ellas las de Sevilla y Cádiz. Está en cárceles españolas desde que fue entregado por la Justicia francesa el 7 de noviembre de 2006. En la actualidad se encuentra recluido en el penal de Murcia. 

Su petición de acercamiento a cárceles vascas fue rechazado en primera instancia por Instituciones Penitenciarias, después contó con la denegación del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que dirige José Luis de Castro, y, después, con la oposición de los magistrados de la Audiencia Nacional. "Es el primer caso rechazado por el Tribunal Constitucional y el primero que ha visto denegada todas las vías judiciales internas, es el primero que se ha presentado ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Pero la lista va a superar con creces el centenar y los casos se irán presentando en el tribunal europeo según salgan las resoluciones del Constitucional", adelanta Izko en conversación con eldiarionorte.es.

La abogada del preso del exjefe militar etarra basa su demanda en que la dispersión "vulnera  el respeto al derecho de su vida familiar", previsto en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. "La dispersión ha limitado completamente el derecho de Josetxo Arizkuren a las comunicaciones con su familia: su padre no ha podido verle más de dos o tres veces en estos años y su madre falleció y solo le vio una vez. Su hijo, que es joven, puede estar cada tres meses", explica.  

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