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Más problemas en la cárcel de Córdoba: los presos no pueden estudiar Bachillerato

25 de enero de 2017

El Defensor del Pueblo Andaluz atiende una queja para que se dé esta opción a los presidiarios y puedan acabar reinsertándose en la sociedad

CORDÓPOLIS.ES – (ALFONSO ALBA, CÓRDOBA).- El Defensor del Pueblo Andaluz, José Maeztu, ha atendido una queja sobre la cárcel de Córdoba en la que considera que los presidiarios que quieran reinsertarse en la sociedad mientras cumplen su pena no pueden estudiar, si lo desean, el Bachillerato. El Defensor, en una reciente resolución, insta tanto a la Junta de Andalucía como a Instituciones Penitenciarias a solucionar el problema.

Según consta en la queja y ha constatado el Defensor del Pueblo Andaluz, los internos que deseen hacer el Bachillerato no pueden por varias razones. La primera, que los profesores contratados en la cárcel de Córdoba no pueden impartir estas especialidades, ya que son maestros. La segunda, que si quieren estudiar Bachillerato a distancia tampoco pueden hacerlo, ya que la prisión de Córdoba, a diferencia de los centros penitenciarios de Andalucía, no tiene conexión a internet por banda ancha.

El Defensor se ha puesto en contacto con Instituciones Penitenciarias, que ya ha anunciado su intención de instalar la banda ancha, aunque asegura que hacerlo es “complejo” y más caro que en las cárceles de los alrededores. Sin embargo, Maeztu critica que el compromiso de lograr que los presos de Córdoba puedan estudiar Bachillerato data del año 2013 sin que en estos tres últimos años se haya hecho nada para lograrlo.

Maeztu resalta en su resolución la importancia de que los presos tengan la opción de sacarse el Bachillerato ya que “lo que en un escenario común puede parecer una mera opción de desarrollo formativo, en el ámbito penitenciario esta facultad de continuidad en el proceso educativo implica algo más; hablamos de una especial vía de desarrollo personal, más allá de la mera persistencia del alumnado en procesos formativos. Esta opción se transforma en una herramienta de superación y de esfuerzo digna de una cuidadosa valoración y tutela por parte de los poderes públicos que asumen, en sus respectivas competencias, las acciones que garanticen los objetivos últimos de nuestro sistema penitenciario”, concluye.

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