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Eduardo Santos (Diputado de PODEMOS por Navarra) pregunta al gobierno sobre la relación laboral de las personas presas

25 de enero de 2017

Lo hace a partir de un reciente informe del Sindicato Comisiones Obreras que alerta sobre la situación laboral en prisión. Para Santos “los sueldos son alarmantemente bajos, no existe un control efectivo de las horas trabajadas y el sistema se caracteriza en su conjunto por una desesperante opacidad”

PAMPLONA ACTUAL.COM.- El diputado navarro, Eduardo Santos Itoiz, preguntará al Gobierno Central sobre la privatización de los servicios penitenciarios llevada a cabo por parte del Ministerio del Interior y por la situación de las personas presas que desarrollan trabajos remunerados en prisión.

Según un informe de Comisiones Obreras, el Decreto de 2001 que regula la actividad en los talleres penitenciarios “confiere al trabajo en prisiones un carácter esclavista”, y por tanto en lugar de favorecer la reinserción, se ha convertido en “una herramienta para favorecer los beneficios de las empresas”. A los trabajadores presos no se les aplican las remuneraciones estipuladas en los convenios colectivos, es más, la mayoría de las veces los salarios se sitúan muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. La Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (EETPFE) determinó en 2015 tablas salariales que oscilaban entre los 2,59 euros por hora del grupo uno (economato y actividades auxiliares) y los 4,51 euros la hora del grupo tres

Para Santos, “se trata de una relación laboral especial que no contiene las mínimas garantías que deben darse para la protección de las personas trabajadoras. Los sueldos son en su mayoría alarmantemente bajos, no existe un control efectivo de las horas trabajadas y el sistema se caracteriza en su conjunto por una desesperante opacidad”.

Todo ello hace que “previsiblemente se estén generando espacios de impunidad que agravan las condiciones laborales de las personas presas” ha denunciado el diputado “que gozan de todos sus derechos al margen de la lógica privación de libertad”. “No es admisible que la administración esté funcionando como una auténtica ETT en relación con la presunta cesión de trabajadores presos a las empresas que convenian con ella. Es preciso que el Gobierno aclare todos estos aspectos y despeje dudas sobre la verdadera situación de estas personas. No es algo admisible en un Estado como el actual”, ha añadido.

Así, el diputado navarro ha preguntado sobre el número de personas privadas de libertad que trabajan en centros penitenciarios, cuántas horas trabajan, cuáles son sus sueldos, qué número de personas privadas de libertad cobran prestaciones contributivas y no contributivas y si estas personas tienen derecho a libertad sindical.

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