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Casi el 65% de los servicios de farmacia de Instituciones Penitenciarias son ilegales

13 de enero de 2017

Las funciones propias del farmacéutico se delegan en médicos, enfermeros, auxiliares o incluso administrativos

EL GLOBAL.NET – (ÁNGELA DE RUEDA, MADRID).- Las cárceles son centros públicos e, igual que a los responsables políticos se les exige ejemplaridad, también las instituciones deberían tomar nota. Sin embargo, Instituciones Penitenciarias (II.PP) lleva años haciendo caso omiso a la legalidad vigente. La normativa obliga a los centros penitenciarios a disponer de un servicio de farmacia (SF) con un farmacéutico especialista al frente o bien de un depósito de medicamentos (DM) vinculado y legalmente autorizado.

Sin embargo, la realidad es bien distinta, de los 68 centros hay 44 que no cumplen con la normativa (el 64,7 por ciento), mientras que los restantes 24 sí lo hacen. Concretamente, 17 de los 33 servicios de farmacia, es decir, más de la mitad, son ilegales. Mientras que 27 de los 35 depósitos de medicamentos que existen en España también están en situación de ilegalidad. Así lo afirma a EG Miriam Celdrán, especialista en Farmacia Hospitalaria y titular del servicio de farmacia del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante y del depósito de medicamentos del Centro Penitenciario Alicante-1, que cita el último informe de la Secretaría General de II.PP (2015).

La situación de ilegalidad se produce “desde el mismo momento en que se adquiere y dispensa medicación en cualquier centro dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sin tener autorizado un SF y sin la presencia de un farmacéutico al frente del mismo”, recuerda Celdrán. Entonces, ¿desde cuándo existe este problema? Según apunta Carmen Ruano, quien lleva 25 años como responsable del Servicio de Farmacia del Hospital Penitenciario de Sevilla, “la situación de la Atención farmacéutica en los centros penitenciarios ha sido claramente deficitaria desde sus inicios”. En su trabajo ha gestionado la adquisición y dispensación de fármacos a los DM de varios centros penitenciarios, hasta finales del 2013, cuando los depósitos pasaron a gestionar sus medicamentos sin la intervención de un farmacéutico. Así, aunque actualmente “en todo CP hay atención sanitaria a los internos, se adquieren medicamentos, se prescriben y se dispensan”, Ruano denuncia que “en muchos casos se delega en otros sanitarios como: médicos, enfermeros o incluso auxiliares y administrativos”.

La denuncia de la situación de ilegalidad en la que operan los servicios de farmacia en los centros penitenciarios ha unido a varias entidades como la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), la Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP). Todas ellas tienen mucho que decir ante el problema y han hecho frente común para presionar a la Administración y que ponga las cosas en su sitio. Concretamente la exigencia legal es que la Sanidad Penitenciaria se integre en la sanidad pública, y para ello, es preciso que “los servicios dependientes de Instituciones Penitenciarias sean transferidos a las Comunidades Autónomas para su plena integración en los servicios autonómicos de salud”, plantea José Miguel Antolín, secretario de la SESP.

Desde la SEFH ponen el foco en el papel de los farmacéuticos especialistas. Y recuerdan que entre la población reclusa hay una alta prevalencia de patologías psiquiátricas, infecciosas y toxicómanas. Así, la prestación farmacéutica en estos centros incluye especialidades de uso hospitalario, medicamentos sujetos a especial control médico, psicotrópicos, antipsicóticos y estupefacientes. Ello hace necesaria la presencia de los farmacéuticos. Sin embargo, quienes trabajan en II.PP denuncian falta de reconocimiento. Así, Miriam Celdrán rechaza “rotundamente” que se pueda desarrollar una adecuada prestación farmacéutica sin estos profesionales. Mientras que Ruano denuncia que la carrera profesional es un concepto “inexistente” para estos farmacéuticos.

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