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Cómo mejorar la defensa de los derechos fundamentales de los privados de libertad

22 de diciembre de 2016

ABOGACIA.ES – (BLOG PENITENCIARIO, MANUEL MIRANDA ESTRAMPES Y VALENTÍN J. AGUILAR VILLUENDAS).- Cumplimos el cuarenta artículo en el blog de derecho penitenciario. Se ha reflexionado hasta ahora acerca de muchas cuestiones jurídicas que acorralan a las personas privadas de libertad, así como sobre que la prisión, como generadora de impotencia, alcanza a los propios abogados, entre otros motivos por los escasos resultados en el acompañamiento a estos ciudadanos y la afectación personal que puede generar el acercamiento a este colectivo en situación de exclusión.

Tortura, inexistencia de intimidad y dignidad, desigualdad de personas encarceladas por cuestiones de origen o sexual, peligro para la vida y afectación de la integridad física para ancianos, enfermos graves o mentales encarcelados o privados de libertad con una atención sanitaria deficitaria, trabajos por presos en condiciones inadecuadas, cadena perpetua de hecho, alejamiento del mandamiento de reinserción, privaciones de libertad indebidas generadoras de indemnización, o falta de tutela judicial efectiva, con resoluciones estereotipadas o incongruencia, son algunas de las realidades tratadas en anteriores artículos. Otras muchas como la inexistencia de libertad sindical, libertad de expresión u opinión, del sufragio o de propaganda electoral, seguramente sean objetos de futuros artículos.

Animamos ahora a que la actuación profesional de los operadores jurídicos la abordemos, no tanto desde la legislación ordinaria, sino desde los mismos derechos fundamentales. Es reiterativo por sabido lo que el 25.2 de la Constitución Española establece: los derechos fundamentales son también para estos ciudadanos privados de libertad, excepto cuando la legislación, la sentencia o el sentido de la pena, establezca lo contrario.

¿Es que los abogados, fiscales y jueces no citamos y aplicamos estos artículos? Nos atrevemos a afirmar que no, al menos no tanto como debiéramos, tal vez por sabidos y obvios, por dejadez, por ineficacia o por cualquier otro motivo. Tal vez nos perdamos citando legislación ordinaria, cuando la clave está en los propios derechos fundamentales. Todos los ejemplos citados, de anteriores artículos de este blog, podrían encontrar amparo y acomodo en dicho catálogo.

La propuesta concreta es que incidamos en su identificación, utilizando además para su aplicación la interpretación que ofrecen los estándares internacionales. Convenios como el Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y su órgano de tutela, el TEDH; del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) o incluso Derechos Sociales, Culturales y Económicos de la ONU (PIDESC), con sus Comités de Derechos Humanos o de la Tortura, sirven de referencia obligada en la interpretación que de nuestras normas constitucionales deben aplicarse (art. 10.2 CE).

La Ley Orgánica General Penitenciaria en su artículo 76.2 g) establece que los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria  acordarán lo que proceda sobre las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecte a los derechos fundamentales o a los derechos y beneficios penitenciarios.

De no ampararse la protección de dichos derechos fundamentales, tras agotar la vía ordinaria, quedará abierta la vía del recurso de amparo, y de esos otros tribunales internacionales, tan infrautilizada por los abogados y abogadas que trabajamos en derecho penitenciario. (...)

 

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