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La sanidad de los presos lleva dos años en un limbo legal

10 de diciembre de 2016

Varias iniciativas en las Cortes y Parlamentos autónomos piden el traspaso a las comunidades de la atención a los reclusos

EL PAIS.COM – (REYES RINCÓN).- La atención sanitaria a los presos que cumplen condena en las cárceles españolas se ha quedado en un limbo legal. Interior no renueva desde 2014 los convenios que mantenía con las Comunidades Autónomas para garantizar la atención especializada a los reclusos, pero tampoco ha iniciado el traspaso de las competencias a los servicios autonómicos de salud al que obliga la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario, de 2003. Prisiones contactó en agosto de 2015 con las Comunidades Autónomas con las que mantenía convenio para invitarles a iniciar el traspaso de competencias, pero casi año y medio después, ni el Gobierno ha promovido este traspaso ni ninguna comunidad ha recogido el guante lanzado por Interior. Mientras, las asociaciones y los médicos que atienden a los reclusos advierten de que la sanidad que reciben es cada vez más precaria.

La ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario, de 2003, establece un plazo de 18 meses para transferir a las comunidades autónomas los servicios sanitarios. La norma entró en vigor el 30 de mayo de 2003, por lo que la transferencia debió hacerse efectiva antes del 31 de diciembre de 2004. Pero 12 años después, solo el País Vasco ha asumido estas competencias (Cataluña tiene transferido todo el sistema de prisiones). En el resto, ni el Gobierno central ni los autonómicos mostraron durante años ningún interés en llevarlo a cabo y siguieron renovando los convenios bilaterales por los que los servicios de salud autonómicos se hacían cargo de la atención especializada a los reclusos que Prisiones no puede ofrecer.

Pero estos acuerdos dejaron de renovarse en 2014, cuando llegaron los nuevos fármacos contra la hepatitis C, un virus que, según los datos de la Sociedad española de Sanidad Penitenciaria, afecta a alrededor de 13.000 de los 65.000 reclusos que hay en España. El elevado coste de los nuevos tratamientos, inasumible con el importe de los convenios que hasta entonces se firmaban, dinamitó las relaciones entre Prisiones y las comunidades, que pleitean en los tribunales por ver a quién le corresponde pagar estos antivirales. La mayoría de los jueces está dando la razón a las autonomías, lo que ha llevado a Interior a, por primera vez, solicitar a las consejerías de Salud “el inicio de las conversaciones” para llevar a cabo la transferencia. (...)

 

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