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La Generalitat no intervino a pesar de saber que la presa que se suicidó en Brians ya lo había intentado antes

30 de noviembre de 2016

El Departament de Justicia desestima la reparación patrimonial en un caso de suicidio en Brians a pesar de reconocer los diferentes intentos y autolesiones por parte de la interna Según el informe del Institut Català de Salut, los intentos de suicidio y las acciones autolesivas "tenían un objetivo manipulador" Aunque la interna aseguró en varias ocasiones querer suicidarse, la Generalitat nunca activó el protocolo de prevención de suicidios

EL DIARIO.ES – (SÒNIA CALVÓ, BARCELONA).- Raquel E.F., barcelonesa de 38 años, se suicidó el 11 de abril de 2015 mientras se encontraba en régimen de aislamiento en la prisión de Brians I, donde cumplía condena desde 2009 por tres delitos de robo. Ahora la Generalitat reconoce que la interna ya había intentado quitarse la vida anteriormente, pero no asume responsabilidades por no haberlo evitado aunque se encontrase bajo su custodia.

El 12 de abril de 2014, la interna protagonizó la primera tentativa de suicidio, según consta en el listado de incidentes al que Catalunya Plural ha tenido acceso. A partir de aquí y hasta el día de su muerte Raquel sufrió tres autolesiones consideradas como leves e incendió su celda. La toma ocurrió en el régimen más duro del sistema penitenciario, el régimen de aislamiento con 21 horas al día, prácticamente los últimos 9 meses de su vida.

La Direcció General de Serveis Penitenciaris justifica que la interna no estuviera incluida en el programa de prevención de suicidios "dado que ninguno de los profesionales asignados no había informado para su activación". La preservación del estado de salud de todos los internos es competencia del Departament de Salut según el decreto 399/2006, de 24 de octubre. El protocolo debe activarse cuando servicios médicos o profesionales del centro penitenciario informan de un posible caso de autolesión grave. 

En el momento de la muerte de Raquel se inició una investigación interna por parte de la dirección general. En esta investigación, sin embargo, no se pidió en un primer momento el historial médico ni el de incidentes. Desde Irídia Centro para la Defensa de Derechos Humanos, entidad que reclama una reparación para la familia de Raquel, aseguran que fueron ellos quienes lo pidieron por primera vez y que esto "aportó mucha luz y claridad al caso".

Después de volver a investigar los hechos, la Generalitat ha desestimado la reclamación patrimonial presentada por la familia de Raquel E.F. Lo ha hecho en respuesta a la petición presentada por la familia a la administración catalana, competente sobre la prisión de Brians. La respuesta que han obtenido es que "los daños irrogados no son imputables a la prestación del servicio público penitenciario", ya que "no se ha detectado la existencia de negligencia ni de déficit en la actuación de los profesionales del centro penitenciario donde permanecía la ingresada". Por tanto, no asume la responsabilidad del suicidio. 

El abogado del caso y miembro de Irídia Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Andrés García Berrio, considera que "es altamente dicotómico que por un lado el expediente revele que sí hay una responsabilidad de la administración, porque no activaron el protocolo de prevención de suicidios a pesar de las evidencias claras de que se encontraba en una situación delicada, y que, sin embargo, manifiesten que no tienen ningún tipo de responsabilidad". (...)

 

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