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Tras aprobarse una moción al respecto en el Congreso y el Senado

La Organización Médica Colegial (OMC) demanda no demorar la transferencia de competencias de Sanidad Penitenciaria a las CCAA

13 de diciembre de 2016

ACTA SANITARIA.COM – (JOSÉ MANUEL LOZANO).- Tras la aprobación por unanimidad en el Senado y el Congreso de los Diputados de una moción para transferir las competencias en materia de Sanidad Penitenciaria a las comunidades autónomas, la Organización Médica Colegial (OMC) ha pedido, a través de su responsable de Sanidad Penitenciaria, la doctora Carmen Hoyos, que no se demore la ejecución de este mandato.

Según indicó a Acta Sanitaria la también vocal de otras Administraciones Públicas del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres (COMECA), este martes, 13 de diciembre, mantuvo un encuentro al respecto con el viceconsejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Martín Blanco. “Esperamos esa reunión de forma inmediata”, señaló en referencia a la cita que tendrá el Gobierno de esta región con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste.

“Esperamos que empiecen a trabajar en la transferencia de las competencias”, continuó Carmen Hoyos, que sostuvo que el Ejecutivo andaluz confirmó que el objetivo es “ponerse a trabajar en el tema”. En este sentido, recordó que el Parlamento de esta comunidad autónoma “se ha pronunciado también unánimemente en la misma dirección” que las Cámaras Alta y Baja del escenario político estatal.

Actualmente se está en un “grave incumplimiento legal”

“Parece que ahora, desde que han llegado nuevos grupos políticos, han empezado a tomar conciencia de este grave incumplimiento legal”, afirmó la representante de la OMC en relación con el hecho de que, desde el año 2003 y a pesar de estar contemplada en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), la Sanidad Penitenciaria sólo está transferida en Cataluña y el País Vasco.

La miembro del COMECA declaró que “es absolutamente vergonzoso para toda la política de nuestro país, todo el arco político, el que efectivamente, esto esté pasando”, ya que insistió en que “hay un incumplimiento legal”. Al respecto, manifestó que la Ley General de Sanidad ya hablaba de este asunto y que los partidos políticos que apoyaban la transferencia de competencias cuando estaban en la oposición, dejaban de hacerlo al acceder al poder.

En el contexto actual, Hoyos, que reconoció sentir “satisfacción” por la moción aprobada en el Congreso de los Diputados y el Senado, manifestó, no obstante, que espera “que no sea otra pose más” y que el mandato “se traduzca en realidades”. Una de las metas es paliar el hecho de que actualmente las condiciones laborales de los profesionales de la Sanidad Penitenciaria “son tremendamente diferentes”, afirmó.

Disparidad en las condiciones laborales de los profesionales

Prueba de esta disparidad, la responsable de Sanidad Penitenciaria de la OMC, que también se reunió en Andalucía con Ciudadanos y lo hará, a su vez, con otros grupos parlamentarios, puso ejemplos, como el de diferencias de 1.300 euros de salario en Sevilla con respecto a Atención Primaria y de 1.000 euros en Extremadura. “Sin contar nuestra discriminación de guardias, nosotros cobramos alrededor de un 50 por ciento de lo que cobran la hora de guardia los médicos de Atención Primaria”, declaró.

“Nosotros no tenemos reconocimiento de la Carrera Profesional”, prosiguió Hoyos, que agregó que las mejoras salariales las consiguen “a través de los juzgados”, ya que tienen “poquísima representación en las mesas de negociación sindicales”. Además, se refirió al acceso a la Sanidad por parte de la población reclusa, al manifestar que “el preso, hoy por hoy, está discriminado sanitariamente”.

Esta profesional sanitaria señaló, en referencia al ciudadano privado de libertad, que “desde el momento en el que ingresa en prisión, hay una discontinuidad en su asistencia”. “No contamos con absolutamente ningún dato clínico de esta persona, no nos llega a nosotros, tenemos que empezar toda la valoración desde nuestros centros”, explicó, tras lo que concluyó con la denuncia de que, cuando regresa a la libertad, el médico de Atención Primaria tampoco tiene acceso a la historia clínica generada en prisión.

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