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Asegura que nunca ha funcionado de forma correcta

UGT pide suspender el contrato ‘contra incendios’ de la cárcel de Lanzarote por sospechas de corrupción

14 de octubre de 2016

DIARIO DE LANZAROTE.COM.- La sección sindical de la FSP-UGT prisiones del Centro Penitenciario de Tahíche ha hecho público un comunicado por el que denuncia "la absoluta falta de consideración de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias hacia las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores del centro".

El sindicato asegura que lleva más de un año denunciando los reiterados incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales que desembocaron en una denuncia ante la Inspección de Trabajo de Lanzarote porque no funciona el sistema de detección de incendios obligatorio en todos los departamentos del Centro.

A raíz de la denuncia en el mes de abril del año 2015, la Inspección de Trabajo realizó un requerimiento a la Dirección del Centro para que en el plazo de tres meses se subsanaran las deficiencias del sistema, pero el sistema sigue sin funcionar de manera adecuada, según denuncia UGT, que afirma que el sistema fue recepcionado a pesar de que había "reiterados informes de su deficiente estado e inoperancia".

La FSP-UGT también quiere denunciar "la absoluta falta de respeto con el dinero público que demuestra la institución penitenciaria, ya que, en lugar de reclamar a la empresa instaladora que pusiera al día la instalación que facturó y nunca funcionó, lo que ha hecho ha sido librar un nuevo presupuesto para la instalación y puesta en marcha de una nueva instalación, otorgándole el presupuesto casualmente a esa misma empresa que realizó la instalación original que nunca funcionó", señala el sindicato.

Requeridos por Anticorrupción

El sindicato afirma que esa empresa es una de las que se encuentran implicadas en uno de los sumarios del ex presidente balear Jaume Matas y que recientemente varios de sus responsables han sido requeridos por la Fiscalía Anticorrupción para que reconozcan que recibieron los contratos de instalaciones a cambio de pagar comisiones a los responsables públicos de la contratación.

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