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Aragón garantiza sanidad a reclusos pero no asumirá competencia sin recursos

14 de octubre de 2016

García Encabo ha señalado que el organismo penitenciario no paga facturas desde 2012

DIARIO DEL ALTOARAGÓN.ES.- El director general de Asistencia Sanitaria en Aragón, Manuel García Encabo, ha garantizado hoy una asistencia sanitaria de calidad a la población reclusa de la Comunidad, pero ha insistido en que no se asumirán las competencias sin una financiación adecuada.

García Encabo ha hecho hoy esta afirmación en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, ante quienes ha comparecido para explicar la actual situación de las relaciones con Instituciones Penitenciarias en lo que concierne a la asistencia sanitaria en las cárceles aragonesas.

En su intervención, ha señalado que el organismo penitenciario no paga desde 2012 las facturas anuales por el gasto sanitario en las prisiones, alrededor de 1,5 millones de euros sin contar el tratamiento farmacológico de la hepatitis C, al no renovar el convenio que mantenía con la comunidades autónomas a este fin.

Ha destacado que a pesar de la negativa de la institución de prisiones a pagar las facturas que le remite cada año el Servicio Aragonés de la Salud, se mantiene la misma asistencia de "calidad" para la población reclusa.

García Encabo ha incidido en la voluntad de su departamento de negociar un convenio con Instituciones Penitenciarias que delimite la responsabilidad de cada una de las partes, a la espera de la negociación del proceso de transferencias, planteado en la Ley de Cohesión Sanitaria de 2003.

Tras advertir que sólo el País Vasco y Cataluña ostentan la gestión de la sanidad penitenciaria, ha asegurado que el número de personas reclusas en Aragón es mayor y más variable que en otras comunidades en relación a la media de población.

Ha admitido, por otra parte, la existencia de contactos con Instituciones Penitenciarias, pero ha subrayado a renglón seguido que entre sus responsables "no hay voluntad" de suscribir un nuevo convenio.

A este respecto, ha añadido que a la espera de la conformación de un nuevo gobierno central con el que negociar un proceso de transferencias con financiación suficiente, "ningún recluso va a dejar de recibir ningún servicio, cuidado o medicamento".

En el turno de intervenciones de los grupos, la portavoz del PSOE, Olvido Moratinos, ha criticado el incumplimiento de los sucesivos gobiernos de la ley de 2003 que plantea la asunción de la sanidad penitenciaria por las comunidades autónomas, y ha denunciado que el actual modelo es "difuso y discriminatorio" con los reclusos.

Moratinos ha instado al responsable de Asistencia Sanitaria en Aragón a priorizar los contactos con el organismo penitenciario para la firma de un nuevo convenio hasta la formalización de las transferencias.

Por su parte, la diputada del PP Carmen Susín ha lamentado la prioridad dada por el departamento a la situación de la sanidad penitenciaria a pesar de la existencia de "temas más importantes" como las listas de espera.

En cualquier caso, Susín ha incidido en la necesidad de empezar a negociar el proceso de transferencia del servicio, pero con una financiación acorde a las necesidades y exigencias planteadas.

La parlamentaria de PODEMOS Itxaso Cabrera, se ha mostrado convencida de que la trasferencia del servicio permitiría mejorar la asistencia a la población reclusa pero también los derechos de los profesionales que prestan el servicio.

La portavoz de CIUDADANOS, Susana Gaspar, partidaria también de la transferencia del servicio, ha advertido de que el actual sistema perjudica al recluso que se reintegra a la sociedad civil ya que el sistema de datos de Instituciones Penitenciarias es distinto del que tienen a su disposición los profesionales del Salud.

La posición a favor del proceso de transferencia de la asistencia sanitaria a Aragón ha sido defendida también por la diputada del PAR Berta Zapater y la representante del Grupo Mixto Carmen Martínez (CHA).

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