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APDHA reclama avances legales para lograr las competencias en sanidad penitenciaria

14 de septiembre de 2016

Denuncia el desinterés de las comunidades autónomas y el Gobierno central

APDHA – (ANDALUCÍA).- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) inicia a partir de hoy la campaña ‘#SanidadenPrisión’ para romper el bloqueo en el traspaso de las competencias en materia de sanidad penitenciaria y reivindicar avances legales, de obligado cumplimiento en el plazo de 18 meses, que permitan que se asuman dichas competencias y su coste económico, con independencia de posteriores negociaciones.

Tanto las comunidades autónomas como el Gobierno central, denuncia la entidad, “muestran un desinterés absoluto” en el traspaso de las competencias y en cumplir la normativa vigente. Es el caso de Andalucía, cuyo Parlamento solicitó el pasado mes de junio este traspaso mediante una proposición no de ley, gracias a la presión de la APDHA y de la de otras entidades, entre ellas el Defensor del Pueblo Andaluz. “Sin embargo, nada se ha movido desde entonces, y las personas siguen sufriendo en su enfermedad”, critican. La organización ha denunciado la falta de asistencia sanitaria de la población reclusa ante la ONU, a través de un informe al Comité para la Prevención de la Tortura, en el que queda clara la restricción que padecen estas personas en el acceso a la salud.

La APDHA lleva 10 años trabajando para que se asuman las competencias sanitarias, tal como establece la legislación, y se hace más vital aún, afirman, cuando “la ejecución de sucesivos convenios entre administraciones central y autonómica se han mostrado inútiles y han generado no pocos problemas a la población reclusa en lo que a la atención a su salud se refiere”.

Se trata de “parches con múltiples lagunas que se convierten en problemas muy graves para la población presa”, apuntan. Es más que evidente, a juicio de la entidad, que la sanidad que se dispensa en prisión es una sanidad de segunda, contradiciendo así el derecho al acceso a la salud en igualdad de condiciones que la población libre que dicta la Constitución.

Ejemplo de ello son las graves dificultades para acceder a la medicación, serios inconvenientes para obtener citas de especialistas, pérdidas reiteradas de citas médicas con perjuicios en algunos casos muy considerables para la salud de los pacientes, modificación de la medicación prescrita, falta para el acceso de los médicos de prisiones a las historias clínicas –en muchos casos no tienen ni acceso a internet-, aislamiento de los facultativos, desorbitada ratio médico/paciente, entre otros. Muchos de estos problemas vienen causados por la dependencia del personal sanitario del Ministerio del Interior y como consecuencia, de criterios de seguridad antes que criterios médicos.

Por ello, señalan, “volver a los convenios no puede ser en ningún caso una opción”, dado el rosario de problemas que acarrean y que han denunciado el Defensor del Pueblo Andaluz, el Defensor del Pueblo Español, el Consejo General de la Abogacía Española, la Fiscalía General del Estado, los profesionales de la sanidad y la sanidad penitenciaria.

No queda más salida, entiende la entidad, que el traspaso urgente de las competencias para minimizar todos estos obstáculos y limitar la desigualdad manifiesta y en ocasiones sangrante  que se produce en los derechos fundamentales a la vida, la protección de la salud y a la asistencia médica que debe tener todo ser humano.

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