Skip navigation.

M.I. Colegio de Abogados de PamplonaM.I. Colegio de Abogados de Pamplona
M.I. Ilustre colegio de abogados de pamplona
Derecho penitenciario
Bibliografía Centros penitenciarios Enlaces
La WebPresentaciónNormativaJurisprudenciaOrganismos internacionalesDoctrinaEncuentrosNoticias
Derecho Penitenciario > Noticias

Noticias

Cerca de 1.900 personas reclusas tienen discapacidad intelectual

11 de septiembre de 2016

TEINTERESA.ES – (MADRID).- Cerca de 1.900 personas de la población reclusa de la Administración General del Estado presentan algún tipo de discapacidad intelectual o problema de salud mental, de los que más del 60% llegan a los centros penitenciarios sin haber sido diagnosticados y de los que 800 son atendidos por Plena Inclusión.

Esta organización colabora desde hace 20 años con las administraciones e instituciones penitenciarias en el apoyo a la población reclusa con discapacidad intelectual en las comunidades autónomas de Aragón, Valencia, Asturias, Cataluña, Ceuta, Extremadura, Alicante, Cantabria, Canarias, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Andalucía.

En una entrevista a Servimedia, la responsable del ‘Programa de Reclusos y Discapacidad Intelectual’ de Plena Inclusión, Berta González, afirmó que “este programa está financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la asignación tributaria del 0,7% a fines sociales. Con esta aportación podemos apoyar a estas personas desde los procedimientos judiciales hasta su puesta en libertad para ayudarles en la reinserción social”. De ellos, más del 60% llegan a los centros penitenciarios sin tener reconocida esta discapacidad intelectual. “Algunos lo ocultan ante las autoridades judiciales por vergüenza o por creer que las cosas les irán peor si lo dicen, mientras que otros muchos no lo saben”, añadió.

LA MAYORÍA, HOMBRES JÓVENES

La mayoría de ellos son hombres de entre 20 y 30 años que han vivido en la marginalidad y provienen de familias desestructuradas. Sólo un 8% de los que atiende esta organización son mujeres. Según señaló Berta González, “en muchas ocasiones, estas personas no comprenden los procedimientos judiciales ni saben porque están ahí. Por ello, nuestros técnicos informan a los agentes implicados sobre este tipo de discapacidad para que puedan detectarla y así ayudarles para que puedan acogerse a los atenuantes de las penas de prisión”.

Además, destacó que “los centros penitenciarios no son el lugar adecuado para este grupo de población, ya que no entienden las normas de estos lugares y son muy vulnerables al ser víctimas de manipulaciones y abusos por parte de otros internos. De hecho, el Código Penal dice que deberían cumplir medidas de seguridad en centros educativos especiales que en realidad no existen. A cambio se han creado algunos módulos específicos para ellos dentro de algunas prisiones”.

Es el caso de las prisiones de Segovia, Quatre Camins en Barcelona y Estremera en Madrid, en los que cada módulo no excede de 30 internos que cuentan con el apoyo de otros reclusos sin discapacidad. En este sentido, la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, reafirmó el compromiso del gobierno con los programas de atención a personas reclusas con discapacidad intelectual durante su visita esta semana al centro penitenciario de Estremera.

© M. I. Colegio de Abogados de Pamplona - Iruñeko Abokatuen Elkargo T. Arg. - Avenida del Ejército, 2 - Planta 10ª, 31002 Pamplona