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110 euros por cada día de cárcel injusta

26 de mayo de 2016

El Tribunal Supremo indemniza con 60.000 euros a una mujer que pasó 542 días en prisión por un homicidio que ahora el tribunal considera que jamás existió

EL MUNDO – (RAFAEL J. ÁLVAREZ).- Lucía ha encontrado reposo en el último peldaño de la Justicia patria, una escalera de daños que le llevó a estar 542 días en prisión preventiva, ser absuelta por un delito que ni siquiera existió y no recibir ni un euro de indemnización por ese disparate del poder. Su historia la contó EL MUNDO el 16 de noviembre de 2015 y ahora, seis meses después, el Tribunal Supremo anula la sentencia de la Audiencia Nacional -que había denegado resarcir a la mujer al interpretar que había sido absuelta por falta de pruebas, no porque el homicidio no existiera- y obliga al Estado a indemnizar a Lucía con 60.000 euros por todos aquellos días que pasó en la cárcel.

Lo que ha acabado en la sentencia del Supremo del pasado martes 17 de mayo había comenzado en la madrugada del 14 de septiembre de 2008. Aquella noche, el marido de Lucía la golpeó «tal y como había sucedido en anteriores ocasiones» y durante un forcejeo, el hombre «se clavó accidentalmente el cuchillo en el pecho». Él cayó desplomado al suelo y ella corrió a pedir ayuda, pero tres horas después, el hombre murió en el hospital.

Todas las comillas son de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que absolvió a Lucía 18 meses después de que el juzgado de instrucción que la interrogó en la noche de la desgracia la mandara a prisión preventiva.

A la boliviana Lucía (nombre falso a petición de la mujer por temor al estigma social de la cárcel) los 60.000 euros que ordena ahora el Supremo le vendrán muy bien, pero quizá el 1.265.519 que pedía su defensa le hubiera resuelto gran parte de la vida que le rompió aquella cárcel injusta.

Porque la prisión implicó que el Estado se llevara a sus hijas durante un tiempo, que ella perdiera el permiso de residencia que acababa de obtener, que sufriera una depresión contra la que aún se medica y que no pudiera pedir la nacionalidad después de 11 años de trabajo en España.

El Supremo, en cambio, sólo indemniza a Lucía «por lo dejado de percibir por pérdida de trabajo». «Los daños morales y el derecho al honor no vienen agravados por situación distinta a la de la permanencia en prisión, y la pérdida de residencia legal en España no fue irreversible». Total: 60.000 euros.

«Es una gran satisfacción que el Supremo reconozca la inexistencia objetiva del hecho imputado, dado que en ningún caso existió homicidio, pues fue el propio fallecido el que se clavó el cuchillo accidentalmente en el transcurso de un forcejeo. Pero ateniéndonos a los parámetros fijados por el propio Tribunal Supremo, la indemnización no me parece razonable». Lo dice la abogada de Lucía, Ángela Alemany, que ha transitado todos los tribunales y Ministerios implicados en este caso.

La letrada argumenta: «Se acreditaba que la mujer perdió el trabajo y la residencia al entrar en prisión y que, posteriormente, cuando salió de prisión, se le denegó la residencia precisamente por esta causa. Y también que sus hijas fueron ingresadas en un centro de menores de la Comunidad de Madrid y que ella sufrió una depresión cuando entro en la cárcel. Aunque, dicho todo esto, es cierto que en los últimos años la Justicia española prácticamente no da indemnizaciones y que las que da son muy bajas».

Lo central de la sentencia del Supremo es su toma de posición en el debate jurídico y casi filosófico que Alemany planteó a los tribunales españoles al recurrir los fallos que no reconocían la indemnización a Lucía: ¿hubo o no hubo delito?

La Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenciaron que el marido de Lucía se había clavado el cuchillo accidentalmente y que, por tanto, la mujer no había cometido ni homicidio, ni asesinato. O sea, que no había habido delito. O sea, que nunca existió el hecho imputado.

Frente a esa tesis, la Abogacía del Estado y la Audiencia Nacional entendieron que no se absolvió a Lucía porque no existiera el hecho imputado, sino porque la prueba de cargo fue suficiente para anular la presunción de inocencia. O sea, que no había pruebas, no que no hubiera delito. O sea, que no se debía indemnizar a la mujer.

Sin embargo, la sentencia final del Supremo -un documento firmado por, entre otros, Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior y actual número 2 del PSOE por Madrid para las elecciones del 26 de junio- resuelve el recurso de casación presentado por Ángela Alemany y considera que ni siquiera hubo delito y que hay que resarcir a Lucía.

«Nos encontramos ante un supuesto de inexistencia del hecho imputado, esto es, inexistencia objetiva o, lo que es lo mismo, ausencia de presupuesto de toda imputación por haber resultado inexistente el hecho delictivo», escriben los magistrados.

«Faltando la acción típica del delito de homicidio (...) ya que fue él mismo quien se clavó un cuchillo en el pecho, la conclusión no puede ser otra que la de afirmar la inexistencia del delito imputado, lo que determina la apreciación de la responsabilidad patrimonial», establece con contundencia el Tribunal Supremo.

Lucía, absuelta no por inocente, sino porque el crimen no existió. ¿Indemnizar sólo cuando no existió el delito o indemnizar también cuando, existiendo, el encarcelado no era el culpable? Alemany: «Cuando una persona cumple prisión preventiva y después se dicta una sentencia absolutoria, durante el tiempo en el que se le ha mantenido en prisión, se le ha privado de un derecho fundamental como la libertad, del que no va a ser restituido. El daño causado debería ser reparado, ya que no se puede restaurar la libertad perdida. No puede ser que no se indemnice por el Estado a aquellos que cumplen prisión preventiva y posteriormente son absueltos o se archiva el procedimiento. No pueden existir absoluciones de primera y absoluciones de segunda».

(...)

TEXTO COMPLETO EN FICHERO ADJUNTO.

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