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Pastillas disueltas para evitar el trapicheo

15 de mayo de 2016

Los presos se quejan por la intervención de las comunicaciones y la requisa de objetos • Un yihadista protestó porque le quitaron una cinta con supuestos rezos

LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL.ES – (PILAR MUÑOZ).- El titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla-La Mancha número 1, Antonio Moreno de la Santa, lleva años sin recibir una sola queja sobre la comida o las condiciones higiénico-sanitarias de los centros penitenciarios que están bajo su tutela (Herrera de La Mancha y Alcázar en Ciudad Real y la prisión de Albacete).

El año pasado los presos que cumplen condena o están preventivos en estas cárceles se quejaron algo más que en el ejercicio anterior. Presentaron 229 reclamaciones o peticiones frente a las 194 del año 2014. La mayoría de ellas relacionadas con la medicación, las comunicaciones, los objetos intervenidos y los traslados a otros centros penitenciarios o en el furgón de la Guardia Civil para llevarlos al juzgado o al hospital. Dicen que este vehículo policial no reúne las condiciones de seguridad y también se quejan porque pasan mucho tiempo dentro mientras esperan a ser atendidos por los médicos en el hospital y no pueden fumar.

Y en cuanto a la medicación que reciben en la cárcel, protestan porque se le da disuelta. Al parecer, se detectó cierto ‘trapicheo’ con las pastillas y para evitar esta práctica delictiva se optó por suministrar los fármacos disueltos.

También ha habido quejas por los traslados porque quieren que se les lleve a otra cárcel -«me ha traído aquí y quiero irme»- o por el contrario hay quien quiere ser trasladado a Herrera, por ejemplo, y no se le concede.

Del mismo modo, ha habido reclusos de Albacete que han solicitado ser trasladados de Herrera a la cárcel albaceteña alegando que su familia no se puede trasladar hasta el penal ciudadrealeño.


Audiencias. Las peticiones de audiencia con el juez de Vigilancia Penitenciaria se han incrementado ligeramente con respecto al año 2014 (311). Los presos piden hablar con el magistrado para cualquier cosa, fundamentalmente para ver «cómo va su caso o su permiso». Como no hay un turno específico de abogados, recurren al juez.

También piden audiencia con el magistrado porque se les han restringido las comunicaciones o se les han intervenido y también porque se les ha retirado algún artículo u objeto que puede suponer un peligro para la seguridad, la ordenada convivencia o la salud, las drogas, salvo prescripción facultativa.

Un yihadista ha protestado porque se le han intervenido unas cintas de radiocassette que, según ha manifestado, necesita para sus rezos. Al parecer, ha estado en otras prisiones y se le ha hecho la misma intervención, pero las habían traducido. En Herrera, el juez no ha conseguido aún que se traduzcan para comprobar si efectivamente es un rezo.

Los presos yihadistas, al igual que los presos de ETA, están separados por módulos. Están condenados o preventivos por delitos de terrorismo y se les intervienen las comunicaciones por espacio de seis meses; vencido este plazo la intervención se suele prorrogar. Sólo tienen privacidad con su abogado y con el juez, señala el titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Las reclamaciones formuladas contra la intervención de las comunicaciones el año pasado ascendieron a 32, 25 más que en 2014.

En cuanto a las comunicaciones de los presos comunes, hay cosas que, a pesar de que los funcionarios de Herrera están curtidos en estas lides, les siguen llamando la atención, como la «cantidad» de gente que mantiene comunicaciones telefónicas con presos condenados por hechos muy graves como asesinatos o violaciones e incluso que solicitan permiso para visitar al interno aunque vivan en cualquier punto del país.

El juez explica que hay diversos tipos de comunicaciones, la más habitual es a través de un cristal y los vis a vis, encuentros en una celda privada con la mujer u otros familiares. En este caso, tras solicitarlo, rellenar una instancia y ser concedido, el preso puede celebrar un encuentro con su mujer o la persona que lo haya solicitado.

Ha habido varios casos en los que se ha vulnerado una orden de alejamiento. Una mujer se hizo pasar por la hermana del preso, se le dio el permiso a la hermana y la que entró fue la mujer. El hombre lo dijo.

En cuanto a las sanciones, la más grave se castiga con 14 días de aislamiento y, si el asunto es muy grave, acaba en el Juzgado de Guardia. Según el reglamento interno hay unos hechos sancionables que son leves, graves y muy graves, y según el escalón, van desde la amonestación hasta el aislamiento en celda por un periodo máximo de esos 14 días. Las más frecuentes son las sanciones graves por cualquier alteración del orden público, del régimen penitencial, de la convivencia, los insultos, maltrato de obras, de palabra y tenencia de objetos prohibidos. Todo lleva aparejado la posibilidad de que se incoe un expediente sancionador. El recluso tiene derecho a recurrir esa sanción administrativa ante el juez.

El castigo más frecuente es la privación de paseos por falta grave, insultos, maltrato de obra, posesión de objetos y también por ejemplo la rotura intencionada de una sábana.

En la prisión de Herrera de la Mancha es donde se imponen más sanciones. El año pasado se presentaron 130 recursos contra sanciones disciplinarias, cinco menos.

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