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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denuncia el despido irregular de seis internos que trabajaban en prisión

9 de mayo de 2016

Un Juzgado de lo Social ha estimado las demandas de estos reclusos «por no haberle cesado en legal forma»

ABC ANDALUCÍA – (CÓRDOBA).- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado el cese de reclusos del Centro Penitenciario de Alcolea, que trabajando en prisión, se les ha cesado de forma irregular. Según una nota remitida por APDH, «al menos a seis presos cordobeses se les han estimado sus demandas en los Juzgados de lo Social, al no haber sido despedidos en legal forma». La última sentencia, que ha sido ejecutada provisionalmente, está pendiente de recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Sevilla.

Según el último dato oficial (anuario 2014 del Ministerio del Interior), el Centro de Córdoba es el más poblado de Andalucía con 1.537 presos. Al día de hoy estas cifras se mantienen estables. Los presos trabajadores lo hacen tanto prestando los servicios y necesidades de la propia prisión como a empresas externas. En Córdoba entre 250 y 300 presos trabajan en prisión.100 presos lo hacen en actividades auxiliares como limpieza, lavandería, jardinería, reparto o comedor. Otras actividades que congregan un número similar de presos trabajadores son cocina, panadería, economatos y mantenimiento. Se dispone de talleres como confección industrial. El trabajo de los presos hace que ahorre la Administración. Así ésta afirmó en 2013 que en «La encomienda de alimentación se invierte 3,50 euros por interno/día en las prisiones dependientes del Ministerio del Interior, mientras que en la Comunidad de Cataluña asciende a 11 euros interno/día y la media de un catering se sitúa en 8 euros interno/día».

APDH mantiene abierta en la actualidad una campaña sobre lo que se considera «trabajo esclavo» reclamando la equiparación de los derechos laborales de las personas presas con los trabajadores libre. A tal fin, se elaboró un libro titulado Guía Práctica sobre los Derechos Laborales de las Personas Presas, contó con el aval y financiación del Consejo General de la Abogacía Española y de la Fundación Agape del que se han editado 5.500 ejemplares para los presos.

También en el mes de marzo se presentó una moción en el Senado reclamando que el acceso a la relación laboral y su extinción no sean a dedo (arbitrarias e injustas) y que la retribución que reciben las personas presas por su trabajo sea al menos del Salario Mínimo Interprofesional, tal como recoge la Ley Orgánica General Penitenciaria.

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