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Los presos sin barrotes

9 de mayo de 2016

Más de 2.000 personas cumplen condena cada año en Baleares con trabajos en beneficio de la comunidad, el 37% por delitos de tráfico

EL MUNDO (LAURA JURADO, PALMA).- La estadística de las celdas suma 1.497 presos entre las tres cárceles del archipiélago. La cifra, sin embargo, no cuenta con los otros condenados. Son los penados que cumplen sentencia por infracciones leves con trabajos en beneficio de la comunidad (TBC), y cuyo colectivo supera las 2.000 personas cada año en Baleares. Casi el 37% de ellas, por delitos relacionados con la seguridad vial.

Lejos de la imagen de limpieza de viales, calles y jardines que dibuja el cine para los también conocidos como trabajos sociales, los TBC están presentes en prácticamente todos los sectores. Sus labores van del cuidado de ancianos en residencias, al mantenimiento de acuartelamientos militares o cementerios, pasando por tareas de archivo o reparto de ropa a los sintecho. «Sólo en Mallorca existen 150 entidades que cubren este tipo de programa, estamos entre las primeras comunidades de España en prestación», subraya el director del Centro de Inserción Social (CIS) Joaquín Ruiz-Giménez Cortés de Palma, Antonio José Alcaide.

Se trata de sociedades de carácter social, públicas o privadas, con las que Instituciones Penitenciarias establece convenios para que los penados realicen tareas de «utilidad pública». Una forma, reconocen desde el ministerio del Interior, de que deje de considerarse a los presos como una «carga social» para que pasen a estar al servicio de la sociedad. Los TBC no pueden sustituir puestos de trabajo ni cobran por sus horas, aunque sí cuentan con cobertura sanitaria en caso de accidente.

En España cerca de 90.000 personas cumplen condena con este sistema cada año; en Baleares, unas 2.000. El pasado año se gestionaron aquí 4.163 penas de este tipo. Pese a que este modelo alternativo surgió en nuestro país hace más de dos décadas, su importancia en el sistema penal ha ido creciendo de forma exponencial en los últimos años. En 2015, sólo en el centro de Palma, las 3.147 que se registraron duplicaban el número de internos de la prisión. No existen, sin embargo, listas de espera.

«No hay unas características genéricas, pero en la mayoría de ocasiones se trata de personas normalizadas e integradas en la sociedad», indica Alcaide. Un perfil «poco delincuenciado» para el que el programa funciona como una suerte de «advertencia». Muchos no cuentan con antecedentes, aunque al tratarse de delitos leves, «existe una mayor reincidencia» y condenados que repiten trabajos sociales aunque sea por una infracción diferente.

El 36,8% de los TBC gestionados el año pasado se relacionaban con delitos de seguridad vial -tipología que en España supera el 50%-, frente al 28,2% de los vinculados con violencia de género. «Los empleadores nunca conocen la infracción por la que llegan a su entidad, aunque sí cuentan con una persona que vigila el cumplimiento de la pena. La media se sitúa entre los 30 y los 80 días, aunque se organizan para que no interfieran en la vida laboral y familiar del condenado”. Un beneficio al que se suma el de cumplir pena en libertad, lejos de los barrotes de prisión.

A algunos, las facilidades del programa hacen que se les olvide que, en realidad, se trata de una condena como cualquier otra. «Su quebrantamiento por causa no justificada puede suponer hasta seis meses de cárcel. Y esa pena sí que no puede sustituirse», subraya el director del CIS. La mayoría de olvidos llegan entre la aceptación de la condena en los juzgados y la primera citación del centro de reinserción. Una vez iniciados los programas, las ausencias son mínimas.

«El interno tiene que prestar su voluntad de cumplir con este sistema, tiene que estar conforme», insiste Alcaide. La legislación establece que entre la sentencia y el inicio de los trabajos no pueden transcurrir más de seis meses ya que, al tratarse de infracciones pequeñas, muchas acabarían prescribiendo si se alargara el proceso. En función del perfil y currículum de cada persona, los técnicos le asignarán unas tareas y una entidad concretas, siempre lo más cerca posible de su domicilio habitual salvo deseo contrario del implicado. Cada corporación, además, podrá proporcionar algún tipo de formación si lo considera necesario a la hora de incorporarse al puesto. «Es una medida que pretende reparar los daños causados por la infracción, en determinados casos con la asistencia directa a las víctimas y de forma genérica colaborando con el interés general».

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