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“Auctoritas versus Potestas”. Polémica en el Centro Penitenciario de Jaén

4 de mayo de 2016

DIARIO DE JAÉN.- (ACAIP, JOSÉ RAMÓN LÓPEZ).- Los empleados públicos penitenciarios hemos habitado, durante demasiado tiempo y al igual que la mayoría de los españoles, el páramo de la involución en lo que respecta a la calidad de vida y a los derechos individuales y profesionales. En esta situación, causa bastante para el hastío, el recelo y el enfado, no cabe la menor duda, existen. Hemos pasado de ser propietarios residentes de chalés adosados a inquilinos de lo que llevan camino de ser las ruinas del edificio del estado de bienestar. Vivimos el colapso y el atropello: nos suben el alquiler, las cañerías están pobres, la construcción tiene aluminosis y nuestros caseros son los bárcenas y pujoles prepotentes y corruptos de la política, por lo que parece que estamos hundidos en un cenagal de confusión.

Hoy por hoy, la política de la Secretaría General da la espalda a los trabajadores y recupera la política de castigo para presionarlos e intimidarlos en su trabajo con posibles sanciones: persigue el error y lo castiga; aumenta las suspensiones de empleo y sueldo —en número e intensidad de la sanción—, por lo que este sindicato tiene que dedicar más tiempo y esfuerzo que nunca en la defensa de los numerosos funcionarios expedientados; realiza inspecciones de mala fe en los centros; no cumple sentencias judiciales que benefician a los empleados; aumenta la carga de trabajo, y a la vez restringe el campo de derechos y el número de trabajadores, por no hablar de la esencial pérdida de poder adquisitivo de estos.

En resumen, la política penitenciaria de nuestros dirigentes es una política orientada por la aversión hacia el trabajador y que promueve el miedo. Una política que se apoya en una lógica débil —la del castigo— que, en definitiva, da la espalda a los trabajadores. Esta política intenta irradiarse desde la cúpula a las provincias, en donde, dependiendo de la capacidad moral, de la experiencia profesional y del sentido común, el director o directora del Centro Penitenciario correspondiente se convierten, en la mayor parte de los casos, en alumnos aventajados que, en ciertas ocasiones, de tan serviles, superan al maestro. ¿Y en el Centro Penitenciario de Jaén, cuál es la situación?

Juan Mesa, director del centro, ante la clásica distinción entre Auctoritas (capacidad moral, respeto y reconocimiento social) y Potestas (capacidad legal, jerarquía y coerción para imponer castigos o premiar), está desposeído de la primera virtud y es un desacertado usufructuario del segundo atributo, lo que ha marcado su falta de liderazgo. Esta realidad provoca que cualquier crítica hacia su gestión profesional se reconvierta, por él mismo, a una cuestión personal que le impide actuar de forma eficaz como “gestor de recursos humanos”: expresión que usa habitualmente para autodefinirse pero que, evidentemente, no es capaz de desempeñar. Gestionar una unidad administrativa no supone aplicar hasta el paroxismo la legislación o la interpretación que de la misma se realiza de forma unilateral, sino que consiste en hacer que dicho organismo funcione como un todo, en el que los funcionarios sientan que su trabajo se reconoce y se tiene en consideración, de forma que todos empujen en el mismo sentido. De esta forma se ejerce y se reconoce la Auctoritas.

Más bien al contrario, su debilidad, sus carencias en las relaciones humanas y su ausencia de capacidades directivas han provocado que la gran mayoría de la plantilla del Centro Penitenciario esté en contra de su gestión, claramente enmarcada en la Potestas; se esté en contra de requerimientos absurdos y discriminatorios, pues no todos los trabajadores son tratados por igual; en contra del ejercicio abusivo de sus potestades reglamentarias que a lo mejor se justifican como facturas del pasado; en contra de expedientes disciplinarios innecesarios y sólo utilizados como políticas de amedrantamiento; en contra del ataque a los representantes de los trabajadores, utilizando torticeramente las informaciones reservadas como instrumento de coerción, pues interesa callar al que protesta y mostrarlo de ejemplo a los demás; en contra, finalmente, de la falta de respeto como colectivo de trabajadores, pues no existe reconocimiento por su parte a nuestro trabajo ni por el buen funcionamiento del centro ni por la profesionalidad de los empleados públicos. ¡Qué fantástico es recoger reconocimientos, olvidándose de quienes los generan!

Es evidente que cada vez se hace más necesario que entre aire fresco en la Administración, que se modifiquen las formas de dirigir a los empleados públicos y se nombren gestores más adecuados a los tiempos que vivimos. Es necesario que directores como Juan Mesa dejen de serlo.

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