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De vuelta y vuelta con el “populismo punitivo”

28 de abril de 2016

TERCERA INFORMACIÓN.ES – (JESÚS GARCÍA DE LAS BAYONAS DELGADO).- Hace unas semanas el Congreso aprobó con el único voto en contra del PP una proposición no de ley que instaba a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados a derogar la prisión permanente revisable de nuestro Código Penal por considerarla “inconstitucional” y basada en “el populismo punitivo”. La verdad es que eso del “populismo punitivo” no es algo realmente nuevo ni que pueda calificar sólo la política penal del PP. Ocurre, más bien al contrario, que el populismo punitivo es algo por lo que ha pugnado el bipartidismo en nuestro país, y que PP y PSOE se han ganado la etiqueta casi a partes iguales. Todo comenzó, podemos decir, con la aprobación del Código Penal del 95 por parte del PSOE y de su Ministro de de Interior y Justicia, Juan Alberto Belloch, que derogaba en la práctica el Código Penal del 73. Este nuevo Código Penal fijaba en 30 años el límite de estancia continuada en prisión, como el del 73; pero con el matiz de que eliminaba las redenciones de pena por trabajo-también presentes en el Código Penal del 44- y dejaba como únicos beneficios penitenciarios el indulto particular y la libertad condicional. Esto implicaba en la práctica aumentar la duración de las penas considerablemente y de manera rotunda ya que difícilmente con el Código Penal del 73 -recordemos, de una dictadura feroz y cruel- se superaba en la práctica la estancia de más 16 años en prisión -20 como máximo- gracias a los beneficios penitenciarios de aquel código penal franquista. ¿Cómo pudo realmente suceder esto: que un régimen dictatorial y anticonstitucional fuera más benévolo en la práctica que una democracia constitucional? Pues esto es lo que hay que preguntarles a PP y PSOE, aunque para algunos la respuesta es simple: el Código Penal del 73 estaba “maldito”.

Pero la cosa no se quedó ahí, en el año 2003 el PP en el gobierno hace una reforma sobre el Código Penal del 95 que aumentaba, entre otras cosas, el límite de estancia continuada en prisión a 40 años para los delitos más graves, y establecía “el cumplimiento integro y efectivo de las penas”. Estas reformas se producen, es verdad, en momentos de tensión y alarma social. Pero está también alentada por los medios de comunicación y partidos políticos ante excarcelaciones de delincuentes juzgados y que habían cumplido condena en base al C.P. del 73. Si a eso añadimos un escenario en el que el azote de la violencia terrorista está todavía muy presente en los titulares, todo ello lleva a que se produzca una verdadera “legislación en caliente” que no se sustentaba en los índices de criminalidad -que siempre han estado por debajo de la media los países del contexto europeo- y que instaura subterfugiamente la venganza punitiva en lugar del constitucional principio de la reeducación y reinserción social; lo que ha llevado a un continuo e inexorable endurecimiento de la respuesta penal.

Una respuesta jurídico-penal que la reforma del Código Penal del 2010, en su exposición de motivos, llamaba a adaptar a las “actuales necesidades y demandas sociales”, justificando la tipificación de nuevos delitos, el aumento de la pena de algunos de ellos y la introducción entre otras de la “libertad vigilada”. Pero sucede que, a menudo, las demandas sociales carecen de base real sobre la que sustentarse, y carecen además en ocasiones de un apoyo en lo que puedan ser los Derechos Humanos y principios constitucionales básicos. El resultado no ha podido ser más catastrófico: 133 personas de cada 100.000 entran en prisión, más del doble que en Finlandia, Suecia o Dinamarca a pesar de tener una tasa de criminalidad un 27% inferior a la media europea y que está muy por debajo de países considerados como muy seguros, como Suecia, Dinamarca o Finlandia. Tenemos la segunda tasa de encarcelamiento más alta del continente, a pesar de estar generalizadas las expulsiones de delincuentes de nacionalidad extranjera, y tenemos unos de los códigos penales más represivos de Europa, con anomalías democráticas y constitucionales básicas como, por ejemplo, ser el estado de Europa con la Justicia que más represalias penales (entre multas y peticiones de penas de cárcel) adopta contra un sindicato de trabajadores, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, a pesar de que dicho sindicato sólo tiene implantación en la comunidad autónoma de Andalucía, y no en todo el territorio nacional. (…)

 

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