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Vega ordenó borrar el expediente de un preso porque había «contradicciones»

Absuelto el director de la prisión de Ibiza de la acusación de prevaricación

22 de abril de 2016

La jueza dice que actuó de forma correcta al ordenar el borrado de un expediente contra un preso

DIARIO DE IBIZA.ES – (J. M. ALONSO, IBIZA).- ­La jueza del Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza, Clara Ramírez de Arellano, ha absuelto al director del centro penitenciario de la isla, Manuel Vega, y a quien era subdirector cuando se produjeron los hechos, Francisco López, del delito de prevaricación del que estaban acusados por la acusación particular, ejercida por el funcionario de prisiones Jesús Irurre, ya jubilado, y por el ministerio público. La juez considera que la decisión de Vega de ordenar a López que anulara el expediente disciplinario que inicialmente se había incoado contra un preso por una presunta agresión a otro recluso «no fue contraria al procedimiento administrativo, no lo infringió de forma severa y palmaria ni era incompetente para adoptar tal decisión», que son los requisitos que la ley exige para que se dé la comisión del delito de prevaricación administrativa.

En el capítulo de hechos probados de la sentencia se relata que el 9 de junio de 2009 un funcionario de la prisión emitió un informe en el que denunció que un recluso había abofeteado a otro en la sala de televisión y este había caído desmayado. Vega ordenó incoar expediente sancionador, pero después, cuando se comenzó a investigar el hecho, se detectaron contradicciones y, en consecuencia, el director ordenó anular el expediente. En un principio, el director firmó la incoación del expediente, pero lo hizo «por error» tras una «lectura transversal» del informe, declaró en el juicio, y después, cuando detectó «las contradicciones» ordenó dar marcha atrás. Sin embargo, al día siguiente de anular el expediente sancionador se comunicó al recluso el pliego de cargos por la presunta agresión y un funcionario borró el expediente del sistema informático porque, erróneamente, entendió que el expediente en soporte papel debía ser destruido.

La jueza considera pertinentes las contradicciones que llevaron al director a ordenar dar marcha atrás al expediente. Tanto el director como el subdirector declararon en el juicio que desde el lugar en el que se encontraba el funcionario que denunció la presunta agresión no se puede ver el interior de la sala de televisión. También dijeron que no era posible que los dos reclusos se estuvieran cortando el pelo en ese lugar, tal y como explicó el funcionario que denunció la supuesta agresión, ya que esta actividad solo se puede realizar en el baño por razones de higiene. Y, finalmente, a Vega le surgieron dudas porque el funcionarios presuntamente agredido pesa más de cien kilos, por lo que «no es fácil tirarle al suelo con dos bofetadas», señala la sentencia, y, además, es un hombre proclive a los desmayos. En la sentencia sí se señala que «se observa una irregularidad en cuanto a la notificación al interno que fue señalado por cometer la presunta agresión del pliego de cargos». En cualquier caso, resalta la jueza, incluso en el supuesto de que la resolución se hubiera adoptado infringiendo el procedimiento administrativo, esto «no sería suficiente para incurrir en un delito de prevaricación administrativa».

En la sentencia también se destaca que los documentos y testimonios recabados dejan «patente la animadversión entre el denunciante y determinados funcionarios y el director y el subdirector, y esa animadversión y confrontación evidente vicia en cierta forma las declaraciones de los mismos y su capacidad para constituir prueba de cargo suficiente para estimar acreditado el delito imputado».

La Fiscalía pedía para ambos funcionarios la inhabilitación para empleo o cargo público durante siete años, mientras que la acusación particular reclamaba diez. La sentencia es recurrible ante la Audiencia y la acusación particular ha mostrado su intención de presentar el recurso.

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