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La Abogacía pide en Segovia una nueva Ley de Justicia Gratuita que escuche su voz y mejore este servicio público

16 de abril de 2016

Exige la inclusión de todos los servicios jurídicos a presos, mujeres maltratadas, víctimas de trata y migrantes en el marco del Turno de Oficio con financiación de las Administraciones

ABOGACÍA.ES.- La Abogacía Española reclama una nueva Ley de Justicia Gratuita que escuche su voz y mejore el servicio, un servicio que, insisten, es público y que “no es una actividad de mercado”, sino uno de los Derechos Fundamentales de la ciudadanía recogidos en la Constitución.

De esta manera comenzó su análisis de las conclusiones de las V Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita celebradas en Segovia el presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española, Antonio Morán, crítico con la forma en que las administraciones reconocen el trabajo de los letrados del turno de oficio y del esfuerzo de los Colegios de toda España.

Morán recordó que la actual Ley data de hace veinte años, -enero de 1996- periodo en el que la situación social, económica y jurídica del país ha cambiado sustancialmente, mientras que las reformas emprendidas hasta ahora no han sido de suficiente calado.

En este sentido, las conclusiones de las Jornadas proponen la simplificación de los trámites y la eliminación de la burocracia, que convierte en ocasiones la solicitud de la Justicia Gratuita para los ciudadanos en “una carrera de obstáculos” para saber si tiene derecho.

Piden, además, que se garantice la cercanía de los abogados a los ciudadanos en sus demarcaciones territoriales, así como poner fin a la inseguridad jurídica que sufren los Colegios y letrados de oficio ante la proliferación de normativa de desarrollo que en ocasiones se contradice, a través de normas claras y concretas.

Por último, reclaman la dignificación de la labor del abogado, a través de unas retribuciones justas y ponerle coto a la variedad de retribuciones dependiendo del territorio. Al respecto, recordó que un letrado de oficio cobra de media 125 euros en España por ocuparse de un caso a través del turno, y que el coste medio por ciudadano de la Justicia Gratuita en este país es de 2 euros.

“No se trata de que el Colegio preste caridad a quien no tiene medios”, dijo el presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española, “porque el ciudadano tiene el derecho, y cuesta imaginar que el Colegio de Médicos tuviera que pedir una derrama entre sus colegiados para sufragar el coste del anestesista en una operación, pero esto en la Abogacía, existe”.

Así, recordó que algunas administraciones se demoran años en pagar a los abogados de oficio su trabajo y reflexionó que a los gobiernos “no les resulta rentable la Justicia, porque no da votos, pero no estamos viviendo en un país del tercer mundo”.

Unos servicios de orientación jurídica financiados por la Administración

Entre las conclusiones de las V Jornadas destaca también la exigencia de que se incluyan los servicios de orientación jurídica a presos, mujeres maltratadas, víctimas de trata y migrantes dentro del marco del Turno de Oficio y Justicia Gratuita y financiados por las Administraciones.

Hasta el momento, aunque muchos Colegios en España se hacen cargo de ellos, lo hacen fuera del amparo del Turno de Oficio, por la existencia de distintas regulaciones en las diferentes Comunidades Autónomas, de modo que los Colegios prestan los servicios gracias exclusivamente al altruismo de los colegiados, que lo hacen voluntariamente.

En defensa de los derechos de los refugiados

Por último, los más de 200 abogados españoles reunidos en Segovia acordaron alzar de nuevo la voz en defensa de los derechos de los refugiados, exigiendo al Gobierno de España y resto de Gobiernos de la Unión Europea “el escrupuloso  cumplimiento de los tratados internacionales y la solidaridad de los gobiernos con las personas que huyen de la guerra, la persecución y la miseria”, puesto que, señaló, “la situación que tenemos no es de recibo”.

En este sentido, destacó el Registro de abogados voluntarios expertos en extranjería y con conocimiento de idiomas que puso en marcha la Abogacía Española en septiembre de 2015, en la que hay inscritos más de 1.500  colegiados de todos los puntos de la geografía nacional, dispuestos a asesorar a los refugiados que sean acogidos en nuestro país.

 

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