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Cuando los presos y las presas son ciudadanos de segunda y de tercera, respectivamente

13 de abril de 2016

ABOGACÍA.ES – (BLOG PENITENCIARIO, MARGARITA AGUILERA REIJA Y  VALENTÍN AGUILAR VILLUENDAS).- A pesar de la creencia extendida de que en la prisión “se vive como Dios”, con piscina, tele de plasma y, en definitiva, como en un hotel de cinco estrellas, los operadores que trabajamos en este medio opinamos todo lo contrario. El desconocimiento de la ciudadanía del sistema penal es absoluto[1] y preocupante, lo que se debe en gran medida al uso electoralista y mediático de las penas. Debemos afirmar que a la persona privada de libertad, más allá de la limitación deambulatoria impuesta en sentencia, no se le garantizan el resto de derechos en la misma medida que al ciudadano libre. No lo es en la salud, en el trabajo, en la Seguridad Social o en la intimidad familiar, entre otros muchos campos.

 

Así, los jueces de Vigilancia Penitenciaria en sus reuniones[2], los Colegios de Abogados en sus conclusiones de los Encuentros Estatales de los SOAJP[3], la Sociedad General de Sanidad Penitenciaria (que engloba a médicos de prisión)[4], y ONGs vienen poniendo de manifiesto estas diferencias de trato.

 

Ejemplo claro de la desigualdad está siendo la dificultad de los presos para acceder a los nuevos tratamientos de hepatitis C, que ha negado Instituciones Penitenciarias con el argumento de no ser de su competencia, sino de las comunidades autónomas. Los tribunales ya han sentenciado en contra de la Administración Penitenciaria. Pero con independencia de la sentencia, es inhumano que la prisión se negase a dispensar el tratamiento, al margen de que después repitiera contra quien considerase correspondiente. Téngase en cuenta que más de 10.000 presos están infectados por el virus de la hepatitis C. Debe citarse también, por importante y reciente, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de marzo de 2016[5], que declara ilegal que se pueda sustituir en prisión el medicamento prescrito por otro clínicamente equivalente, de forma menos estricta a lo que se hace en el exterior.

 

Igual de criticable resulta que los presos que trabajan para la Administración perciban retribuciones muy inferiores al SMI, que  no dispongan de Incapacidad Temporal o que durante el cumplimiento de la condena vean reducidas sus prestaciones de Seguridad Social, entre otras cuestiones.

Absurdo es también, que el derecho a verse con sus familiares y allegados, es decir la intimidad familiar, se impida o se dificulte con el alejamiento de la familia, por una nefasta política penitenciaria de la que ya se habló en el anterior post, y que supone una pena para familiares o allegados.

Así pues, los abogados debemos instar ante los juzgados la aplicación del artículo 14 de la Constitución Española, que a día de hoy tal vez hemos infrautilizado y/o los jueces desestimado. Son escasas las sentencias del Tribunal Constitucional que entran a conocer sobre este artículo con la población penitenciaria.

Pero hablar de desigualdad en prisión requiere dedicar una parte importante a las minorías sexuales, transexuales, homosexuales, si bien nos centraremos en esta post en las mujeres presas.

 

Lo primero que sorprende cuando profundizamos en este asunto es la falta de estudios que aborden el tema de la mujer delincuente: casi todos los estudios analizan a los hombres cuando delinquen, pero no a la mujer.

Esta invisibilidad de las mujeres en el ámbito penitenciario provoca que se planifique una política penal y penitenciaria desde la ausencia o negación. Al no tratar de manera diferente lo distinto se producen situaciones de discriminación e injusticia.  Mientras se sancione igual situaciones que no lo son se reproduce una situación de desigualdad real, profunda e intrincada. La mujer ha estado y está ausente del discurso punitivo.

Cuando la mujer entra en prisión recibe un triple reproche:

1.- SOCIAL: ROMPE CON EL ROL QUE LA SOCIEDAD LE HA ENCOMENDADO (esposa obediente y madre ejemplar). La sociedad en su conjunto reprocha con más dureza a la mujer que al hombre cuando comete un delito, porque al delinquir e ingresar en prisión la familia queda abandonada y por lo tanto la mujer “incumple” con su obligación primordial.

2.- PERSONAL: LA MUJER PRESA VA A SUFRIR UN TERRIBLE DESARRAIGO FAMILIAR con su ingreso en prisión, ya que en la mayoría de las ocasiones su pérdida de libertad va a implicar la desintegración de la familia (hijos, esposo), puesto que eran ellas las que sostenían la unidad familiar. Esto último no siempre sucede si es el hombre el que entra en prisión ya que son ellas las que mantiene el rol de “cuidadoras”.

3.- PENITENCIARIA: LA MUJER VA A TENER UNAS CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO MÁS DURAS QUE EL HOMBRE POR SER MUJER.

Las mujeres presas cumplen condena mayoritariamente en cárceles de hombres. De hecho sólo un 20% cumple su condena en cárceles para mujeres (Alcalá Meco, Brieva y Alcalá de Guadaira). Esto trae consigo una serie de discriminaciones importantes:

Implica que tienen que convivir en un sólo departamento todas las mujeres sin ningún tipo de separación. De este modo se incumple un principio fundamental del tratamiento penitenciario que es la separación de los internos según su perfil social y criminológico. Esto sí se suele cumplir en las prisiones de hombres.

 

(...)

 

Margarita Aguilera Reija,

Abogada de ACOPE

Valentín Aguilar Villuendas

Vocal de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía por el Colegio de Abogados de Córdoba

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