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CAT-PREVENCIÓN TORTURA

Ribó, Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) de Catalunya, denuncia que médicos desconocen protocolo actuación ante casos tortura

11 de abril de 2016

LA VANGUARDIA – (AGENCIA EFE, BARCELONA).- El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha denunciado hoy el desconocimiento del protocolo de actuación ante casos de tortura por parte de los profesionales de la salud, sobre todo aquellos que trabajan en centros donde hay personas privadas de libertad, lo que impide "investigar y documentar con rigor las denuncias de torturas y maltratos".

Esta normativa, conocida como Protocolo de Estambul, es una guía de actuación internacional que establece cómo actuar en la evaluación de una persona que alegue haber sufrido tortura o maltratos, incluyendo aquellos que no lo denuncian explícitamente pero presentan indicios de haber sido víctimas.

"El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) y el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT) han advertido en distintas ocasiones al gobierno español de la no aplicación del Protocolo de Estambul", ha explicado Ribó en la presentación del informe sobre las actividades del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura (MCPT) en 2015, quien ha señalado la necesidad de promover su conocimiento y uso por parte de la Generalitat.

El Síndic ha constatado que los reconocimientos médicos de las personas privadas de libertad se hacen, a menudo, en presencia de la policía en contra de lo que establece el Protocolo de Estambul, que dicta que éstos deben realizarse en privado excepto si existen sospechas justificadas de riesgo y el médico solicita explícitamente la figura policial, ante lo que ha recomendado tomar medidas para garantizar la privacidad.

Además, Ribó ha afirmado que muchos informes médicos no recogen la descripción de los hechos ni de las lesiones de forma completa y ha apuntado la necesidad de asegurar que éstos incluyan cualquier alegación de maltrato o signo de violencia observado, incluso si no hay denuncia expresa, a la vez que debe señalar la coherencia entre las alegaciones y el examen médico.

En este sentido, la Asociación Médica Mundial (WMA) ha afirmado ante estas prácticas que "la falta de documentación y denuncia de casos de tortura puede ser considerada como una forma de tolerancia y de omisión de ayuda a las víctimas".

Por otro lado, el Síndic ha advertido de la persistencia de indicios de maltratos en centros penitenciarios a partir de numerosas entrevistas realizadas a internos y funcionarios, que han relatado distintos episodios de este tipo que son coherentes y coincidentes, a la vez que se señalan casos de sanciones excesivas en el régimen de primer grado.

"Curiosamente, los relatos de posibles maltratos se refieren a espacios donde no hay cámaras de videovigilancia", ha explicado Ribó, que también ha apuntado que "existen pocos mecanismos de queja en los centros, que además ofrecen una baja confidencialidad y se tramitan con mucha lentitud".

"Los centros penitenciarios sirven para preparar a las personas para volver a la libertad y reinserirse como un ciudadano cualquiera", ha afirmado Ribó, que ha considerado que esta meta "es una de las grandes carencias del sistema penitenciario".

Asimismo, el Síndic ha observado la aplicación de medidas disciplinarias excesivas en centros de internamiento de niños y adolescentes, que especialmente en las penas de aislamiento no respetan la normativa, ante lo que Ribó ha recomendado practicar este tipo de contenciones "solo en casos en que sea estrictamente necesario, durante el mínimo tiempo imprescindible, de forma proporcional y con todas las garantías".

Por último, Ribó también ha señalado la existencia de ingresos involuntarios en centros geriátricos de personas no incapacitadas, que habitualmente se aceptan como un "ingreso voluntario" por parte de los familiares, pese a ser una práctica contraria al Código Civil de Cataluña.

El informe se ha realizado a partir de distintas visitas sin previo aviso a un total de 45 centros, una cifra inferior respecto a años anteriores ya que, tal y como ha apuntado el Síndic, "hemos puesto el foco en centros de mayor complejidad y, por lo tanto, las visitas requieren más tiempo", que en algunos casos han sido complementadas con entrevistas con personas privadas de libertad en las que se ha garantizado la voluntariedad y confidencialidad de las conversaciones.

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