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La cárcel de Siete Aguas sigue paralizada mientras las agresiones crecen en Picassent (Valencia)

11 de abril de 2016

Ni Delegación del Gobierno ni Instituciones Penitenciarias explican la causa del parón de las obras, en vía muerta desde diciembre de 2013

LAS PROVINCIAS – (ARTURO CHECA, VALENCIA).- Primero se dijo que 2013 sería la fecha de finalización de las obras, pero ese año todo lo que ocurrió fue que se paralizaron los trabajos de la que será segunda cárcel de Valencia por falta de presupuesto. Luego se aseguró que la previsión más positiva era que el centro penitenciario de Siete Aguas quedara inaugurado el año que viene, pero ese horizonte volvió a desvanecerse. 2018 ha sido la última fecha dada desde el Gobierno central como previsión de apertura de la prisión; echar un vistazo al actual estado de los trabajos hace también dudar de dicha cita.

Nada se mueve en Paraje del Campillo, una zona situada dos kilómetros al sur de Siete Aguas. Ni máquinas, ni obreros ni signo alguno de que vayan a reanudarse unos trabajos alrededor de los cimientos y armazón de hormigón que han quedado como prueba de que en ese punto se levantará una cárcel con capacidad para 1.194 presos. La «falta de presupuesto» fue la razón aducida desde el Ejecutivo en diciembre de 2013 para congelar el proyecto. Hoy, Delegación del Gobierno (Juan Carlos Moragues situó en este mes de abril el instante para reanudar los trabajos) no se atreve a señalar una fecha y remite para ello a Instituciones Penitenciarias. Y el Ministerio da la callada por respuesta.

Mientras, la masificación de la cárcel de Picassent, de la que Siete Aguas sería la 'válvula de escape' natural a la que trasladar un buen número de internos, como no dejan de reclamar sindicatos como Acaip, sigue siendo un polvorín de tensión. La última prueba la pone sobre la mesa CSI-F: el año pasado se produjeron en la prisión valenciana 241 amenazas y agresiones a funcionarios. La cifra supone un aumento del 20% con respecto al año anterior, como lamenta el sindicato.

CSI-F denuncia la falta de cobertura de plazas de funcionarios penitenciarios -hay 3.400 vacantes en toda España-, la falta de plantilla especializada en materia de Psiquiatría (casi la mitad de reclusos tienen trastornos mentales) y la falta de formación de los vigilantes carcelarios.

No es la única indefensión que denuncia el sindicato de funcionarios. En otro ámbito muy distinto, el balance presentado ayer por CSI-F también llama la atención sobre «el incremento de los incidentes en las oficinas del Servicio Público de Empleo. En toda España la entidad advierte de que las agresiones a empleados públicos han crecido un 56%. En la Comunitat se han denunciado casos en Xàtiva, Manises, Catarroja, Ayora, Meliana o la sede de Felipe Rinaldi, en Valencia ciudad.

Las obras en la cárcel de Siete Aguas comenzaron en 2010. La proyección del Gobierno es que generara 853 empleos durante la construcción y 897 cuando el centro entre en funcionamiento, entre funcionarios, trabajos auxiliares y contratas de mantenimiento. Según el Ejecutivo, la cárcel de Siete Aguas generará 30 millones de euros a la comarca de «actividad económica inducida». No obstante, desde el municipio se rechazó desde el principio la prisión, como lo demuestra la plataforma vecinal 'NO a la cárcel en Siete Aguas' o que el pleno municipal rechazara en 2007 el centro.

La cárcel estaba inicialmente presupuestada con algo más de 100 millones, aunque las últimas informaciones apuntaban a que el retraso en los trabajos podía incrementar el coste hasta los 130 millones. Las obras, llevadas a cabo por la UTE de Indra y Sacyr, ya sufrió un retraso por la tardanza en la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental, al situarse la cárcel junto a la Sierra Malacara, con gran riqueza de flora y ser Zona de Especial Protección para las Aves.

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