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Una tarea para sustituir la cárcel

3 de abril de 2016

En Extremadura hubo 2.643 personas el año pasado que evitaron ir a prisión realizando trabajos en beneficio de la comunidad

HOY.ES EXTREMADURA – (J. LÓPEZ-LAGO).- Miguel Ángel está condenado por violencia de género. La sentencia judicial determinó que debe cumplir sesenta jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad. Miguel Ángel, que fue denunciado por su mujer, pasó un fin de semana en el calabozo y allí le dieron a elegir entre afrontar un juicio o admitir su culpabilidad y ser condenado directamente a cumplir sesenta jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad. Eligió lo segundo. En Extremadura 2.643 personas que cometieron un delito o falta leve realizaron el año pasado alguna función en una entidad sin ánimo de lucro para saldar cuentas con la Justicia. De este modo, han evitado entrar en prisión. La fórmula de hacer trabajos sociales como forma de condena para delitos no graves es también habitual en otros países. Hace años fue noticia la condena a trabajos sociales a la modelo Naomi Campbell por agredir a policías en Londres y a su asistente en Estados Unidos. La modelo tuvo que hacer trabajos de limpieza de un garaje. En España hay flexibilidad a la hora de elegir ese trabajo para redimirse, incluso para organizar la cantidad de jornadas que impone el juez como pena alternativa. «Soy funcionario –prosigue Miguel Ángel, que es un nombre ficticio– y trabajo de técnico de mantenimiento, así que fui a la delegación que hay en Badajoz (dependiente de Instituciones Penitenciarias) y me explicaron cómo podía hacer tres horas cada día para que no interfiriera en mi trabajo».

Al final Miguel Ángel se quedó en la sede de Badajoz de Cocemfe (Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica). «Al director le pareció bien y a mí también. El primer día me presenté por los despachos. Estoy intentando disfrutar porque yo soy un currante, una persona normal al que todo esto le ha venido porque un día me vi acorralado. Desde entonces me han entrado muchas dudas sobre el funcionamiento de la Justicia en este país, pero ahora solo pienso en que acabe esto cuanto antes y volver a la normalidad», cuenta este extremeño de sesenta años que ha pasado la semana –de nueve de la mañana a doce del mediodía– plegando bolsas para que sean reutilizadas, ensobrando cartas y colocando el salón de actos. Lleva un tercio de su condena cumplida y moralmente se ve «tocado». Prefiere no imaginar, dice, qué habría sido de su estado mental de haber acabado en la cárcel.

Como él, 1.532 personas cumplieron en 2015 su condena con trabajos en beneficio de la comunidad (TBC). Otros lo han hecho mediante sustituciones o suspensiones de condena. Todos han esquivado la cárcel porque el juez ha observado que la metedura de pata no había sido tan grave y entrar en prisión hubiera sido peor. Episodios puntuales de maltrato y asuntos de tráfico suelen estar detrás de estas penas alternativas que se saldan echando una mano a colectivos. Según la estadística de Instituciones Penitenciarias, el perfil mayoritario del infractor es el de un varón (80%) integrado en la sociedad.

En el primer grupo, de esas 1.532 personas la mayoría ha cometido un delito leve relacionado con la seguridad vial (690 personas en la región el año pasado, el 45%). Le siguen los casos de violencia de género (541 personas, el 35%). A continuación figura el grupo de delitos y faltas de lesiones (173 personas, el 11%), y por último los delitos contra el patrimonio (69 casos, el 4%).

Las penas se cumplen en entidades públicas y privadas que han suscrito un convenio con el Ministerio del Interior. En su catálogo de penas y medidas alternativas también incluye suspensiones y sustituciones de condena. En total hay 32.741 plazas en España para acoger a este tipo de penados. (...)

 

 

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