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UN CONFLICTO SIN SOLUCIÓN A LA VISTA

La falta de acuerdo frena el traslado de la Modelo (Barcelona)

1 de abril de 2016

Se cumplen 40 años de la primera promesa de cierre de la prisión del Eixample

LA VANGUARDIA – (BARCELONA, TONI MUÑOZ).- Este año se cumplen 40 desde que se hizo la primera promesa de traslado de la Modelo. Fue el gobierno de Adolfo Suárez el que, en 1976, incluyó la construcción de un nuevo centro penitenciario para hombres en las afueras de Barcelona. La propuesta fue en respuesta al entonces procurador en Cortes Juan Antonio Samaranch, que avisó de la necesidad de cambiar de ubicación la penitenciaría de la calle Entença por su insalubridad para poder destinar los terrenos resultantes a equipamientos y zonas verdes para disfrute de sus vecinos. Desde entonces la misma promesa se viene repitiendo cada legislatura.

La última referencia sobre el presunto traslado de la Modelo fue ayer. El conseller de Justícia, Carles Mundó, se reunió con la Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample y se comprometió a dar prioridad al traslado de la prisión. “Por primera vez hemos tenido la sensación de que un conseller se lo toma en serio, y ya han pasado doce”, dijo el presidente de la asociación, Antoni Colomina.

Consciente del enorme retraso, Carles Mundó declaró ayer a La Vanguardia: “No quiero ser el enésimo conseller en prometer el cierre de la Modelo, pero sí quiero hacer todo lo posible para situarlo en un punto de no retorno”. O sea, que se empiece la construcción del ­nuevo centro al final de la legislatura catalana, que prevé de 18 meses. Pero, para ello, hace falta el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. El exalcalde Xavier Trias y el expresident Artur Mas pactaron un nuevo emplazamiento para construir dos centros penitenciarios en la Zona Franca, uno para penados y preventivos, que correría a cargo de la Generalitat, y un centro abierto – donde los reclusos sólo van a dormir–, cuyo coste asumiría el Ayuntamiento.

El actual gobierno municipal rechaza frontalmente esta propuesta y quiere volver a renegociar las condiciones del acuerdo. La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, expresó en una comisión que “no compartimos el protocolo que se firmó en el anterior mandato, que presupone que el Ayuntamiento tenga que construir una nueva cárcel cuando esto es competencia de la Generalitat”. El conseller y la concejal se reunirán el 15 de abril para intentar acercar unas posiciones que hoy en día son distantes.

El nuevo gobierno de la Generalitat quiere salvaguardar al máximo el proyecto anterior, porque ya hay un espacio definido y un acuerdo sobre la forma de sufragar las obras. El plan consistía en que el Ayuntamiento se quedaría en propiedad la finca de la Modelo a cambio de 15 millones de euros, que se restarían de la deuda que la Generalitat tiene contraída con el Consistorio. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento edificaría un centro de régimen abierto en la Zona Franca que alquilaría a la Generalitat.

El protocolo, que sigue vigente, fijaba un calendario que ya es imposible de cumplir y que preveía empezar el traslado de presos de la Modelo a finales de 2016. Ahora, en un escenario idílico en el que el Ayuntamiento y el Govern se pongan de acuerdo a la primera, se tardaría mínimo dos años en empezar las obras de construcción de la nueva prisión en la Zona Franca. Faltaría que el Ayuntamiento cediera el solar a la Generalitat, se debería encargar la redacción del proyecto de la prisión, se tendría que diseñar el centro, preparar las bases de licitación y adjudicarlo a una empresa para que empezara las obras. El coste sería de unos 80 millones, que “a día de hoy no tenemos”, matiza Mundó.

Pero este capítulo no es nuevo para la Modelo. Las disputas políticas, las crisis económicas y la poca ilusión que les hace a los vecinos que se construya una prisión cerca de sus casas han torpedeado históricamente la toma de una decisión definitiva para cerrar el centro. Y los vecinos de la Esquerra de l’Eixample llevan 40 años esperando.

La promesa de traslado que le hicieron a Samaranch se desinfló por la falta de presupuesto. Con las competencias penitenciarias traspasadas a la Generalitat en 1983, el entonces conseller de Justícia, Agustí Bassols, puso la primera fecha para el cierre: 1987. El anuncio estaba condicionado a la construcción de tres nuevas cárceles en las afueras de Barcelona. Mientras se buscaba emplazamiento, la Generalitat invirtió 59 millones de pesetas en acondicionar la Modelo, que en 1984 tenía unos 2.500 internos, unos seis reclusos por celda.

Como se puede suponer, el conseller no acertó la fecha para trasladar la prisión y en 1986 se fijó un nuevo horizonte, 1991, sujeto a los mismos requisitos: encontrar una ubicación para instalar los penales. Las localidades que aspiraban a acogerlos eran La Roca –donde se acabaría construyendo Quatre Camins–, Sant Esteve Sesrovires –que albergaría tiempo después Brians 1 y 2– y un terreno situado entre Castellbisbal y Rubí en el que nunca se llegó a construir nada. Pero, a pesar de ello, el cierre de la Modelo se demoró. La nueva fecha fue 1996, aunque por entonces afloraban los temores que hacían presagiar que la construcción de las nuevas cárceles sería insuficiente para absorber el incensante crecimiento de los presos de Catalunya.

Ante tal escenario, el candidato de CiU a la alcaldía de Barcelona, Miquel Roca Junyent, presentó un proyecto más ambicioso. Si ganaba, cerraría las tres cárceles de la ciudad, la Modelo, Wad-Ras y Trinitat Vella. Roca no venció, pero el PSC asumió el compromiso y pensó en el deteriorado barrio de Can Tunis como una buena ubicación para una nueva cárcel de preventivos. “Entre el puerto y el cementerio de Montjuïc”, declaró el concejal Antoni Lucchetti. Pero los problemas económicos de la Generalitat imposibilitaron hacer frente al proyecto.

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