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Securus-Gürtel: el secreto entre abogados y reclusos, en entredicho

6 de marzo de 2016

La base de datos de una empresa de telecomunicaciones revela grabaciones masivas en las conversaciones de abogados y clientes en varias prisiones de EEUU. El único caso remotamente análogo en España fueron las escuchas a los abogados de la Gürtel ordenadas por Baltasar Garzón.

EL DIARIO.ES – (JOAQUÍN PÍ YAGÜE).- Se grabaron unas 57.000 llamadas -al menos- entre reclusos y sus respectivas defensas en varias prisiones de EEUU  según The Intercept. El pasado 12 de febrero, esta revista publicó que, de acuerdo a los análisis efectuados por sus propios analistas, se habían localizado 43.000 grabaciones de esta naturaleza que se sumaban a las 14.000 que descubrieron el pasado mes de noviembre.

Según afirmaba en su último artículo, The Intercept sospecha que esto podría ser tan solo la punta del iceberg, puesto que "las investigaciones que llevamos a cabo comprenden solo a los abogados que contactaron con The Intercept; sospechamos que todavía hay muchas más llamadas entre los abogados defensores y sus clientes que no han sido identificadas en los datos". A ello cabría sumar que "probablemente estaremos perdiendo miles de llamadas adicionales, incluyendo aquellas realizadas a los teléfonos móviles de los letrados que no tienen que aparecer necesariamente en las listas de un directorio de una empresa privada".

Grabación masiva de llamadas

Todo comenzó el pasado 11 de noviembre de 2015, cuando la revista sacó a la luz el pirateo masivo contra de la empresa Securus, dedicada a gestionar las telecomunicaciones en las cárceles. Esto fue posible gracias a la filtración a The Intercept de una base de datos perteneciente a esta empresa con más de 70 millones de llamadas grabadas. Según la propia publicación, un hacker realizó la filtración arguyendo que le preocupaba que la compañía de telecomunicaciones "pudiera estar violando los derechos de los presos". Las grabaciones de las llamadas "habrían comenzado a finales de 2011 y habrían terminado en la primavera de 2014".

Securus no respondió a las insistentes peticiones de la revista para recabar su versión de los hechos, aunque "condenó" el pirateo de su base de datos solo después de la publicación de la noticia en The Intercept, de acuerdo a lo afirmado por los propios redactores del reportaje del mes de febrero. Estos comprobaron que, por ejemplo, junto a las llamadas de Jennifer Bukowsky, una de las abogadas que se puso en contacto con la revista en cuanto aparecieron estas revelaciones, había una única URL de audio junto a cada una de las llamadas de la letrada aparecidas en la base de datos que indicaba que la llamada habría sido grabada y almacenada durante más de dos años.

La revista define el derecho a la comunicación entre abogado y cliente como "una piedra angular del sistema legal" estadounidense. Por el contrario, "la grabación masiva de las llamadas de los reclusos es una práctica bastante reciente". Se trataría de un servicio que "venden compañías privadas de telecomunicaciones como Securus a prisiones como una medida de seguridad para frustrar motines o frenar [...] el contrabando en las instalaciones [de la prisión]", aseguran.

Aparte de condenar el pirateo de su base de datos cuando todo esto salió a la luz, Securus afirmó que no había prueba alguna de la grabación de las llamadas confidenciales entre letrados y defendidos, según se asegura en el reportaje. No obstante, los propios periodistas insistieron en que, de acuerdo a la base de datos proporcionada por el hacker, a cada una de las llamadas registradas le acompaña un enlace. Pulsando en dicho enlace se accede al archivo de audio respectivo "llevándonos a la conclusión lógica de que los otros enlaces también llevan a archivos de audio", sentencian desde esta publicación.

No obstante, como sostiene David Fathi, director del Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión Americana para las Libertades Civiles ( ACLU, en sus siglas en inglés) en declaraciones a The Intercept, "aunque un archivo de audio no esté disponible para cada llamada que haya sido identificada por los abogados como confidencial, la recolección de metadatos en estas llamadas es un problema. La base de datos incluye nombres de personas presas y su localización, la fecha, la hora y la duración de la llamada, así como el número al que se ha telefoneado y datos que parecen indicar la forma de pago de dicha llamada".

¿Y qué hay de España? (...)

 

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