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El Gobierno de Aragón culpa a Interior del abandono de más de 25.000 expedientes de presos franquistas

29 de febrero de 2016

El Justicia se inhibe por falta de competencias y traslada al Defensor del Pueblo una queja para investigar su situación. Los legajos llevan dos décadas en una sala de la cárcel de Zuera sin condiciones de conservación y embutidos en carpetas de archivador.

EL DIARIO.ES – (EDUARDO BAYONA, ZARAGOZA).- Al abandono se le suma la inacción: la Consejería de Cultura del Gobierno de Aragón responsabiliza al Ministerio del Interior de la situación en la que se encuentran más de 25.000 expedientes de presos políticos que pasaron entre 1936 y los primeros años de la década siguiente por las cárceles de las tres provincias de la comunidad. Los custodia, embutidos a presión en carpetas de archivador y sin condiciones de conservación, la cárcel de Zuera.

Esa postura ha hecho que el Justicia de Aragón haya archivado el expediente que abrió hace unos meses para investigar la situación de los legajos para remitir al Defensor del Pueblo la queja de Cambiar Estadilla que dio origen a su intervención. “La causa de las irregularidades”, señala, “se debe en este momento a la actuación de un organismo administrativo no dependiente de la comunidad”.

Cultura sostiene que tanto la para consejería como para los archivos históricos provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel, que dependen de ella, “es clara la voluntad de propiciar la recepción de la transferencia de toda la documentación que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias considere oportuno depositar” en ellos para “su protección, conservación y acceso por parte de los ciudadanos”. “Siempre y cuando”, añade, ese traslado se realice “de acuerdo con los procedimientos establecidos”.

"La transferencia quedó abierta e inconclusa"

El Gobierno de Aragón sostiene que fue Instituciones Penitenciarias quien interrumpió los trabajos de inventariado que estaba llevando a cabo, por lo que “la transferencia quedó abierta e inconclusa”.

El cierre de la cárcel de Torrero permitió trasladar al archivo de Zaragoza los expedientes de la prisión provincial anteriores a 1936. Las transferencias se reanudaron en marzo de 2012 con unos 12.000 legajos correspondientes a las personas cuyo primer apellido comenzaba por “a”, “b” y “c” que ingresaron en ese penal entre 1936 y 1962. Sin embargo, quedaron suspendidos tras ese primer bloque.

La respuesta del ejecutivo autonómico ha defraudado a los denunciantes. “Tomarán una posición pasiva” y “se quedarán sentados a esperar” que Instituciones Penitenciarias mueva ficha, señalan desde Cambiar Estadilla, donde llama la atención que la comunidad adopte una “actitud muy diferente de la que toman con los denominados bienes eclesiásticos de las parroquias oscenses”. Esa polémica, que gira en torno a unas obras de arte sacro que varias instituciones católicas y civiles de Cataluña se resisten –amparadas por la ley- a entregar a otras aragonesas, ha provocado varios conflictos institucionales entre las dos comunidades vecinas.

"Esperábamos una posición activa"

“Lo que nosotros esperábamos del Gobierno de Aragón -añaden- es una posición activa; es decir, que presionara a Madrid para que se hiciera efectiva la transferencia de documentos”.

Los más de 25.000 expedientes llevan dos décadas ajándose en una habitación sin condiciones de conservación en el centro penitenciario de Zuera, donde, no obstante, pueden ser consultados por los investigadores previa autorización del penal.

El Justicia, que abrió una investigación tras la denuncia de Cambiar Estadilla, se vio obligado a enviar un requerimiento al Gobierno autonómico después de que este eludiera cumplimentar el primer envío de documentación que le había dirigido.

La respuesta que finalmente ha remitido al Justicia no difiere mucho de la que hace unos meses remitió a la diputada autonómica de IU, Patricia Luquin, que ha impulsado varias iniciativas parlamentarias sobre este asunto: “Está pendiente la descripción y transferencia de parte de la documentación referida por parte de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias”.

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