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Mi visita a la prisión de Estremera (Madrid)

28 de febrero de 2016

GACETA CARTAGONOVA – (PMM).- Hace un par de días escribí sobre la experiencia de mi visita a la Prisión de Estremera; lo que entonces dije del comportamiento de los funcionarios es una pequeña anécdota de cómo funciona nuestro sistema penitenciario, al menos en esta prisión modelo de Estremera.

Dice un refrán español, que “una cosa es predicar, y otra dar trigo”. Si uno lee el Reglamento Penitenciario, publicado por el BOE del 15 de Febrero de 1996, puede comprobar que nuestras leyes penitenciarias son de las más avanzadas de Europa. Pero si uno quiere comprobar cómo se aplican estas leyes, sólo tiene que hacer una visita a una prisión como la de Estremera. En el preámbulo II del Reglamento, apartado a), se dice que una de las mejoras del nuevo reglamento será:

“Profundizar el principio de individualización científica en la ejecución del tratamiento penitenciario. Para ello se implanta la aplicación de modelos individualizados de intervención para los presos preventivos (que representan en torno al 20 por 100 de la población reclusa), en cuanto sea compatible con el principio constitucional de presunción de inocencia. Con esta medida se evita que la estancia en prisión de una parte importante de la población reclusa sólo tenga fines custodiales, al tiempo que se amplía la oferta de actividades educativas, formativas, socioculturales, deportivas y medios de ayuda que se programen para propiciar que su estancia en prisión sirva para paliar, en lo posible, las carencias detectadas”.

La realidad es que durante los meses que estuvo en prisión preventiva, Gregorio Javier no recibió ninguno de los privilegios que le correspondían por su condición de preventivo, ni se le ofreció ninguna oferta educativa ni actividad alguna sociocultural que pudiera hacerle más llevadera su falta de libertad. Por otra parte, el admitir el Reglamento que el 20% de la población reclusa son “preventivos” es ya un dato preocupante que está en contra de la tan traída y llevada Constitución que se aplica de manera irregular, pues unos ingresan en prisión, y otros nunca la pisan (piensen en el Vicepresidente Rato, el Honorable Pujol, su señoría Rita Barberá, y un largo etc.).

Una de las obligaciones fundamentales de una prisión es velar por la salud y la seguridad de los internos. A este efecto, el artículo 214 del reglamento dice:

“1. A todos los internos sin excepción se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población. Tendrán igualmente derecho a la prestación farmacéutica y a las prestaciones complementarias básicas que se deriven de esta atención. Y el artículo 214 dice:

  1. Todos los internos, a su ingreso en el Establecimiento, serán examinados por un médico. El reconocimiento se llevará a cabo durante las primeras veinticuatro horas a partir del ingreso.
  2. Del resultado se dejará constancia en el Libro de ingresos y en la historia clínica individual que deberá serle abierta a todo interno”.

Desgraciadamente, y opuesto a lo que dice el Reglamento, la vigilancia y tratamiento médico brillan por su ausencia. Javi entró sano en la prisión, según se desprende de este primer examen médico obligatorio, y salió muerto un año después, sin que su muerte fuera debida a ningún accidente. Si la causa del fallecimiento fue una “pancreatitis aguda”, como se ha dicho, ésta no se presenta en 24 horas, sino que tiene un proceso generalmente largo (se suele empezar por una pancreatitis crónica) que nunca fue detectado ni diagnosticado. Dado que el interno ni fumaba ni bebía, ni estaba alcoholizado ni era consumidor de drogas, la causa más probable (hasta ahora no ha habido una explicación oficial) es que la dolencia se le produjera por acumulación de cálculos biliares en el esfínter de Oddi, lo cual produce unos síntomas que el médico más vulgar puede fácilmente identificar, si en realidad se hiciera un seguimiento médico de los internos por personal sanitario competente.

A Javi nunca se le practicó en prisión una ecografía, ni una TC (tomografía axial computarizada), ni siquiera una vulgar radiografía. Durante un período de más de 3 días estuvo muriéndose lentamente sin asistencia ni cuidados, y los que tuvo por los enfermeros de turno fueron precisamente los equivocados, porque un paciente en estas condiciones no puede beber agua, ni comer, ni recibir medicamentos por vía oral, cosa que estuvieron haciendo. Finalmente, cuando se decidieron a enviarlo a un hospital, lo hicieron a un centro concertado en Madrid, prolongando aún más el tiempo antes de ser atendido, y no al hospital más cercano, que hubiera sido lo más lógico dado su estado de extrema gravedad, y lo que el mismo Reglamento indica en el artículo 209.2:

“La asistencia especializada en régimen de hospitalización se realizará en los hospitales que la autoridad sanitaria designe, salvo en los casos de urgencia justificada, en que se llevará a cabo en el hospital más próximo al Centro penitenciario”.

Para mayor abundamiento de negligencia, los responsables de Estremera nunca avisaron a la familia de lo que estaba ocurriendo. El mismo día del fallecimiento, la madre del interno llamó a la Asistente Social del Centro para saber cómo se encontraba su hijo, cosa que la Asistenta no sabía, y sólo supo cuando preguntó a los responsables. Fueron necesarias dos llamadas de la madre a esta asistenta para que entonces informara a la familia de que había sido trasladado a un hospital en Madrid. Cuando la familia llegó al hospital, Javi ya no se encontraba allí, porque su cuerpo había sido enviado al Instituto Anatómico Forense para practicarle la autopsia. Tampoco el hospital contactó en ningún momento con la familia, ni cuando recibió al enfermo en estado crítico, ni cuando lo enviaron al forense.

 

(...)

 

TEXTO COMPLETO EN FICHERO ADJUNTO.

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