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Las enfermedades muy graves y con padecimientos incurables en prisión

19 de febrero de 2016

18/02/2016. ABOGACÍA. ES- BLOG PENITENCIARIO (ERIKA RUIZ FERRERO).- Aunque debe entenderse que nuestra legislación asimila la prisión preventiva a la prisión por condena, en la práctica, no sucede así y es difícil que en los casos en los que se dan enfermedades muy graves o con padecimientos incurables, se sustituya esta medida de privación de libertad temporal hasta que exista una resolución firme que establezca la pena a cumplir.

 

El primer problema que nos encontramos los abogados, en el ejercicio de nuestra profesión, es la determinación de la competencia objetiva, ya que, aunque con la norma en la mano, nosotros la tengamos clara, tanto el juzgado de Instrucción que esté conociendo del caso, como el de Vigilancia Penitenciaria, se pasan la “bola” de uno a otro, en multitud de ocasiones, de manera que es difícil hacer valer los derechos fundamentales inherentes a la persona enferma privada de libertad.

Legalmente, los fines que se persiguen para la adopción de tal medida privativa de libertad son asegurar la presencia del investigado o encausado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga, evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto, evitar que el investigado o encausado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, o evitar el riesgo de que el investigado o encausado cometa otros hechos delictivos.

Sin embargo, y por sentido común, es impensable que una persona aquejada de varias enfermedades tan graves como la Hepatitis C, el sida, un cáncer terminal, o enfermedades mentales severas pueda pensar en cometer nuevos delitos o fugarse, cuando su estado de salud le impide en ocasiones moverse o está sometido a un estricto tratamiento, que le obliga a tomar una determinada medicación que tiene que ser suministrada con cierta habitualidad, lo que viene a ser completamente incompatible con un riesgo de fuga.

Según lo establecido en el art. 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “el Juez o Tribunal podrá acordar que la medida de prisión provisional del investigado o encausado se verifique en su domicilio, con las medidas de vigilancia que resulten necesarias, cuando por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para su salud”.

 

SUPERIOR VALOR DE LA LIBERTAD

En este sentido, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 147/2000, de 29 de mayo, nos recuerda la doctrina constitucional y alude al superior valor de la libertad diciendo que “en un Estado social y democrático de Derecho como el que configura nuestra Constitución, la libertad personal no es sólo un valor superior del Ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE) sino además un derecho fundamental (art. 17 CE ), cuya trascendencia estriba precisamente en ser el presupuesto de otras libertades y derechos fundamentales. La libertad de los ciudadanos es en un régimen democrático donde rigen derechos fundamentales, la regla general y no la excepción, de modo que aquellos, gozan de autonomía para elegir entre las diversas opciones vitales que se les presentan. La libertad hace a los hombres sencillamente hombres. En atención a su papel nuclear y su directa vinculación con la dignidad de la persona (art. 10.1 CE), el derecho a la libertad reconocido en el art. 17 CE corresponde por igual a españoles y extranjeros”.

Deben primar por tanto, las razones humanitarias que permitan que un enfermo terminal pueda vivir sus últimos años, meses o días, en condiciones lo más adecuadas posibles, al lado de su familia o amigos, y procurándoles la mejor calidad de vida en esos, sus últimos momentos.

Si ya es difícil acreditar el estado de salud de los presos clasificados – ya que, en multitud de ocasiones, no tienen acceso a sus expedientes médicos en el centro penitenciario, sino a través de instancias o quejas que pueden tardar meses en resolverse, y tampoco pueden solicitar sus historiales a sus centros médicos habituales, puesto que, la mayoría de las veces, solo se facilitan a las personas interesadas y no son válidas las autorizaciones que se hacen a los familiares, justificadas por la estancia en prisión que impiden el desplazamiento del enfermo, aludiéndose a la tan recurrida Ley de Protección de Datos, que se cumple estrictamente cuando interesa-, más difícil resulta todo esto para los presos preventivos, cuya situación se encuentra un poco en el limbo.

   

(...) TEXTO COMPLETO EN ENLACE ADJUNTO.

 

Erika Ruiz Ferrero

Vocal de la Comisión Ejecutiva de CEAJ y miembro de la Subcomisión de Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española

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