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El 21% de los presos de Topas (Salamanca) sufren hepatitis C y solo cinco reciben los nuevos fármacos

Doble condena tras los barrotes

1 de febrero de 2016

La plataforma salmantina de afectados tropieza con nuevas negativas para acceder a la prisión y lamenta «el limbo burocrático» que rodea a estos reclusos

EL NORTE DE CASTILLA- (RICARDO RÁBADE).-  Acumulan meses de protestas callejeras, concentraciones e incansables recogidas de firmas. La plataforma de afectados por la hepatitis C de Salamanca, que despliega su estrategia reivindicativa en la capital del Tormes al igual que vienen protagonizando otras plataformas similares en las provincias de Castilla y León y los diferentes colectivos ciudadanos de idénticas características repartidos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, no se cansa de solicitar a la Secretaría General de Instituciones Penitencias y al director de la prisión de Topas, José Luis Castejón, poder acceder al interior del centro penitenciario para informar, ayudar y sensibilizar a la población reclusa que, a las duras vicisitudes y penurias vitales que conlleva el cumplimiento de una condena carcelaria, incorpora otro drama añadido, como es estar infectado por la hepatitis C.

Los datos que manejan las plataformas de afectados, que son extrapolables a todas las cárceles españolas, no tienen desperdicio y destapan una realidad cotidiana absolutamente dramática en los módulos. Se estima que el 21,3% de los reclusos españoles están afectados por la hepatitis C, lo que representa y pone de relieve una terrible relación aritmética, como es que, aproximadamente, uno de cada cinco internos la padece, según señala Esther Maté, portavoz de la plataforma salmantina.

Sin embargo, los constantes requerimientos y peticiones para que esta plataforma pueda acceder al recinto carcelario de Topas para ayudar y orientar a los reclusos se han visto truncados, dado que reiteradamente Instituciones Penitenciarias no ha concedido su permiso para facilitar la entrada al centro, según recalca Esther Maté, quien avanza que su plataforma continuará desarrollando esta misma línea estratégica y de lucha durante los próximos meses.

Sin embargo y pese al desolador panorama, Topas constituye una aliviante excepción en el conjunto de la red carcelaria de Castilla y León a la hora de que se suministren los nuevos fármacos a los presos contagiados con la hepatitis C. Según las estimaciones que baraja la plataforma salmantina, se ha conseguido que, al menos, haya cinco presos enfermos por el virus del VHC que sí están sido atendidos y tratados con estos nuevos medicamentos en Topas. Aunque se trata de una cantidad minúscula –el citado 21,3% de la población carcelaria se encuentra diezmada por esta dura patología– Topas se desmarca de la terrible situación que se localiza y visibiliza en otras prisiones de la Comunidad, como sucede en Villanubla (Valladolid) y Dueñas (Palencia), donde no se están suministrando los fármacos de última generación en ningún caso.

Precisamente, la pasada semana las plataformas vallisoletana y palentina aseguraron tener en su poder «cartas desesperadas» de reclusos de ambas prisiones infectados por el virus del VHC. Además, acusaron a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de quebrar y vulnerar el derecho a la salud que se recoge expresamente en la Constitución, además de ocultar el número real y la gravedad concreta de los enfermos, además de impedir a estas asociaciones acceder a los centros penitenciarios para ofrecer charlas informativas, repitiéndose la misma dinámica que se detecta en la prisión salmantina de Topas. En Valladolid y Palencia, según subrayaron ambas plataformas, «los tratamientos son cero», sobre una población reclusa total de 2.200 presos.

Por su parte, Pilar Maté lamentó que todos estos reclusos enfermos se encuentren «en un limbo burocrático», dado que Instituciones Penitencias y los Gobiernos autonómicos protagonizan un particular rifirrafe sobre a quién compete financiar el suministro de los nuevos fármacos. Precisamente, una sentencia dictada por un tribunal de Valladolid en diciembre obligaba a Instituciones Penitenciarias a sufragar los tratamientos.

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