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Lourdes Barón: “El SOJ Penitenciario sirve para intentar lograr una sociedad más justa e igualitaria”

27 de enero de 2016

abogacía.es. Hace un año, la Diputación de Zaragoza retiró la subvención al Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) que 60 abogados prestaban a los presos de Zuera y Daroca, las dos prisiones de la provincia. Solo 2 se dieron de baja. El resto decidió continuar sin cobrar ni un euro para – en palabras de la hasta ahora coordinadora del servicio, Lourdes Barón-  “seguir el camino de intentar lograr una sociedad más justa e igualitaria, porque la gran mayoría de los presos llegan al mundo del delito por dificultades económicas y sociales”. En diciembre de 2015, el Colegio de Abogados de Zaragoza entregó sus premios Solidaridad y Valores a estos letrados, un gesto simbólico, 6.000 euros,  para un extraordinario servicio. El galardón lo recogió, el 23 de diciembre, Lourdes Barón.

 

Pregunta.- ¿Qué tipo de consultas jurídicas hace una persona que está privada de libertad? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones?

Respuesta.- Las personas privadas de libertad tienen como principal objetivo, como es lógico, obtener su libertad a la mayor brevedad, aunque sea de forma parcial. Por eso, el mayor número de consultas vienen motivadas por la denegación de permisos de salida. Los permisos son una garantía para que la persona no pierda sus vínculos sociales y familiares. Aislar no es una solución muy acorde al principio de reinserción social que prevé la Constitución en su art. 25.2.

En la misma línea, un gran número de consultas tratan de la progresión a tercer grado. Hay un elevado número de personas en prisión, clasificadas en segundo grado, que cumplen condenas de poca entidad y que deberían ser clasificadas inicialmente en tercer grado para evitar la posible pérdida de trabajo o expectativas laborales, la desocialización, la dificultad para mantener los vínculos familiares… En los Encuentros Penitenciarios de Pamplona de noviembre pasado se aprobó un Protocolo para que las personas con penas menos graves ingresen directamente en un Centro de Inserción Social, donde se cumplen penas en tercer grado. Próximamente presentaremos este Protocolo a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

P.-  ¿Es compatible la labor de abogados y abogadas del SOAJP con la de los abogados defensores?

R.- Sí, creo que es perfectamente compatible. Nuestra labor se centra fundamentalmente en la materia penitenciaria, que en pocas ocasiones se trata por los letrados defensores de la causa penal. En los SOAJP -el de Zaragoza se llama SOP (Servicio de Orientación Penitenciaria)- respetamos mucho la labor del letrado que lleva la defensa del preso. No podemos inmiscuirnos en su trabajo. A veces hacemos de puente entre el recluso y el abogado de la causa. Si necesita contactar con él y no puede localizarlo, los miembros del SOP le llamamos para que le visite o, al menos, le escriba (...).

 

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