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La Generalitat deniega el tercer grado a un preso de 88 años

21 de diciembre de 2015

El interno va en silla de ruedas, no oye ni ve bien y se pasa casi todo el tiempo en la enfermería debido a su estado, según apunta su abogado en el escrito enviado al Síndic de Greuges.

DIARI DE TARRAGONA (ANGEL JUANPERE).- Tiene 88 años, ha cumplido más de la mitad de la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Tarragona de quince años y medio de prisión por un delito sexual. Según su abogado, el hombre va en silla de ruedas y casi no puede ver ni oír. La Generalitat de Catalunya le ha denegado reiteradamente el tercer grado para poder cumplir la pena al lado de su familia. Ante esta situación, su letrado, Antoni Mendia, ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges de Catalunya, que ha sido admitida a trámite.

En el escrito se recuerda que la situación viene dándose desde hace diversos años. Tanto la familia como su abogado defensor han contactado de forma reiterada con la prisión de Brians 1 y con Institucions Penitenciàries.

La situación física y sensorial del interno provoca que se mantenga constantemente en el módulo de enfermería cuando no tiene que realizar ninguna actividad. Tampoco puede escribir bien, no por falta de voluntad, sino por una falta de capacidad física.

En su día, la dirección de Brians ya emitió los informes pertinentes diciendo que la situación personal y el estado de salud del interno no eran los más idóneos para permanecer en el centro penitenciario en régimen de segundo grado. Pero tanto el Jutjat de Vigilància Penitenciària 2 de Barcelona como la Direcció General d’Institucions Penitenciàries han denegado que el interno pueda acceder al tercer grado.

Según el abogado del preso, Institucions Penitenciàries alega que no se ha producido ninguna intervención sobre el interno para poder dar completada la función de tratamiento rehabilitador. Sin embargo, añade que es la propia Administración la que tendría que actuar en consecuencia, según la Ley Orgánica General Penitenciaria. La Generalitat también aducía que no existe compromiso por parte del afectado de satisfacer la responsabilidad civil derivada de la condena. Pero el abogado recuerda que desde hace cuatro años tiene la pensión embargada para poder efectuar los pagos correspondientes y que «el sr (...) no tiene capacidad ni voluntad alguna de rebelarse contra una condena así».

Es más, según el escrito, «la actitud de la Administración es de absoluta ignorancia respecto a la situación que sufre –el interno– (...) contexto que provoca que el sr. (...) no se pueda valer por sí mismo en prácticamente cualquier situación cotidiana, dejándolo en multitud de ocasiones sin ofrecer ninguna actividad que complemente la condena, como sucede con talleres y otras actividades, por la simple naturaleza de su estado». Pero además, recalca el abogado, este contexto se ve agravado por las constantes vejaciones y ataques que otros internos realizan a causa del repudio por los delitos que se le atribuyen y por la facilidad de agresión a causa de la imposibilidad de defenderse. En este sentido, las hijas del preso presentaron diferentes denuncias ante los Juzgados de Tarragona por dichas agresiones y vejaciones «y que no reciben respuesta por parte de los garantes de la prisión».

Las evaluaciones que se han hecho del preso critican la falta de buen comportamiento, «pero no aporta nunca ningún motivo que pueda afectar realmente a la concesión de un tercer grado». Por ello, el abogado critica la incoherencia de Institucions Penitenciàries.

PETICIÓN DE TRASLADO

Por otra parte, el abogado ha solicitado que mientras no se conceda el tercer grado a su cliente, éste sea trasladado al nuevo centro penitenciario de Mas d’Enric. Lo argumenta en la necesidad de recibir un tratamiento adecuado a la naturaleza y estado de sus necesidades de salud, tanto física como psicológica. Un segundo motivo sería el estar más cerca de sus hijas, que residen en la provincia de Tarragona. El Departament de Justícia apunta que desde el Servei de Classificació de la Direcció General de Serveis Penitenciaris «siempre se actúa de acuerdo con criterios técnicos y homogenizadores que garantizan la igualdad de trato».

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