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Castilla y León: SACYL tratará a los presos de hepatitis C si el Ministerio del Interior paga los fármacos

15 de diciembre de 2015

Una sentencia del TSJ avala la obligatoriedad  de Instituciones Penitenciarias de  costear los tratamientos. El Colegio de Abogados remite a la Fiscalía un informe de la situación de los internos.

EL NORTE DE CASTILLA (ANA SANTIAGO).- El acuerdo evitaría el traslado de internos a cárceles de Madrid para ser atendidos en el Gregorio Marañón que es hospital de referencia. Desbloquearía el arrastrado problema de la atención con los nuevos tratamientos de la hepatitisC de los presos en Castilla y León. Los internos que viven en la cárcel no están asistidos por el Sistema Nacional de Salud sino por Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Interior; aunque sean trasladados en múltiples ocasiones a hospitales públicos para intervenciones o diagnósticos.

Cuando surgió la polémica de la accesibilidad a los eficaces, y caros, tratamientos de nueva generación para los enfermos de hepatitis C crónica, el plan nacional y los grupos de trabajo creados a tal efecto establecieron, no sin polémica y conflictividad por sus limitaciones, una estrategia de atención y tratamiento progresivo en función del estadio de la enfermedad de cada paciente y siempre bajo prescripción médica. Pero ¿Qué pasaba con los presos de las cárceles? No entraron bajo estos criterios de asistencia, en el caso de Castilla y León, en manos de Sacyl.

Las plataformas de afectados reclamaron la accesibilidad a estos fármacos de las personas recluidas en prisión. El Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria delColegio de Abogados de Valladolid (SOAJP ) y el grupo OTEANDO, un observatorio vallisoletano creado en defensa de los derechos de los internos, comenzaron a moverse, con el apoyo del decano de la organización colegial y de la Fiscalía, para dar cobertura asistencial a los presos y hacerlo además en los hospitales, preparados para ello, más cercanos a cada cárcel en cuestión.

El punto de conflicto no es que se les denegara la atención y el tratamiento sino que el hospital de referencia, para toda España, es el madrileño GregorioMarañón y, para ello, el interno debe cambiar de cárcel.

El problema además se judicializó. La Administración General del Estado demandó a la Consejería de Sanidad de Castilla y León ante la inactividad de Sacyl a la hora de tratar a los presos. Fue en mayo de 2014 y, en diciembre del mismo año, llegaría el fallo judicial que desestimó las intenciones delMinisterio del Interior y dio la razón a la Junta. Hubo recurso y, finalmente, una nueva y firme resolución judicial.

Así, el pasado mes de julio, la Junta recibió la sentencia en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre el contencioso que Instituciones Penitenciarias interpuso. Volvió a ser favorable a la Consejería de Sanidad. De tal forma que a los profesionales de Sacyl les correspondería realizar el seguimiento de estos pacientes, así como la indicación del tratamiento, y la dispensación correspondería a Instituciones Sanitarias. Castilla y León tendría, en respuesta al fallo judicial, dos opciones posibles: O bien dispensa el tratamiento en los propios hospitales de Sacyl y, posteriormente, pasa la factura a Interior o bien trasladaba a los presos al Gregorio Marañón de Madrid. Y aquí entra el conflicto con muchos de los presos afectados que ya han reclamado ser tratados en su centro, en el caso por ejemplo de los de Villlanubla, en Valladolid, en el Hospital Clínico de la capital.

Y mientras, reclusos, plataforma y el citado servicio jurídico para presos estudian los siguientes pasos a seguir. El SOAJP contacta con la Fiscalía que «nos comunica su apoyo; pero tenemos que ir caso a caso, no puede hacerse una reclamación conjunta y tiene que ser de cada interno», explica Ana Arranz Sanz, letrada de dicho servicio.

Por su parte, la Consejería de Sanidad ya ha tomado una resolución al respecto: Propone a Instituciones Penitenciarias organizar un sistema para que Sacyl haga la entrega de la medicación mientras el Ministerio del Interior asuma los costes. Y ahí está la oferta, sobre la mesa, a la espera de una respuesta del Gobierno Central que aún no ha llegado.

No obstante, Sacyl, antes incluso de que la sentencia judicial fuera firme ya dio respuesta a alguna reclamación concreta de internos como el caso de un enfermo de Segovia atendido en el complejo asistencial. No obstante, Sanidad notificó a Interior que «se reservaba el derecho a reclamar el coste correspondiente a la dispensación del tratamiento, lo cual está pendiente, y que no era extensible a otros internos». En la actualidad, y según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, además del paciente interno en el centro penitenciario de Segovia, entre agosto y septiembre se procedió a la dispensación de los fármacos para seis internos por el Complejo Asistencial de Salamanca.

Sanidad ya tiene, a falta de un registro claro, realizada una estimación del posible impacto bruto para el sistema «a partir de la población penitenciaria del año 2014, que es era 5.033 personas y del porcentaje de reclusos con hepatitis C, el 22%, estimado por lo que calcula que hay 1.107 pacientes penitenciarios con hepatitis C». Las cifras facilitadas a Sacyl por Instituciones Penitenciarias son más bajas. Así, Interior establece una prevalencia del 14,1% y 710 pacientes con la enfermedad. Entre ellos, habría cien del F4 (nivel ya de cirrosis) y hasta doscientos entre F2-F4 (otros grados de fibrosis). Es esta una cuantificación marcadamente inferior a la cifra calculada por Sacyl. Fuentes sanitarias añaden que «se desconoce si las cárceles tienen un censo de pacientes diagnosticados y si están genotipados y con el fibroscan realizado».

Precisamente esta falta de registro fiable que permita hacer una foto fija de la situación y de las necesidades asistenciales y el sistema de atención a los internos es lo que llevó al citado servicio de abogados vallisoletano a elaborar un informe a petición de la Fiscalía y con el caso concreto de la cárcel vallisoletana de Villanubla; aunque la situación es claramente extrapolable.

Explica dicho informe que, en el centro penitenciario de Villanubla, no se facilita a los presos con hepatitis C los medicamentos de última generación, «amparándose en aspectos burocráticos, al haberse establecido como centro de referencia el Gregorio Marañón, si alguna persona presa insiste en ser tratada, se le propone su traslado» a una cárcel de Madrid, para, «al parecer entrar en una lista de espera» y ser tratado en dicho hospital que «evidentemente no está capacitado para atender a toda la población reclusa infectada del territorio nacional, excepto Cataluña que tiene transferidas las competencias penitenciarias».

(...)

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