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150 euros al mes

15 de noviembre de 2015

EL MUNDO (RAFAEL J. ÁLVAREZ).- ¿Deben trabajar las personas que están en la cárcel con los mismos derechos laborales que quienes lo hacen en libertad? La Constitución sentencia que sí, pero las leyes posteriores y de inferior rango resuelven que no. Lo denuncia un libro de orientación laboral y jurídica para los presos y sus abogados elaborado por la Asociación pro Derechos Humanos-Andalucía y avalado por el Consejo General de la Abogacía de España.

De hecho, el órgano rector de los letrados españoles sostiene en el prólogo: "Frente a la importancia que el legislador constitucional dio al derecho al trabajo contrasta el abandono que los legisladores posteriores y los tribunales han venido dando a los derechos laborales de las personas presas".

Las comillas son de Carlos García Castaño, presidente de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía de España, que en su breve texto avala documentos elaborados el año pasado por colegios de abogados que hablan de "exclusión de los presos de los derechos fundamentales a la libertad sindical o la huelga", "no equiparación de los salarios" con respecto a otros trabajadores de similares empleos o dificultades en el accesos al "subsidio de desempleo por excarcelación".

Es sólo el arranque de las 146 páginas de la 'Guía práctica sobre los derechos laborales de las personas presas', un libro destinado a los abogados y a los 12.000 internos que trabajan en las cárceles españolas, aproximadamente el 40% del total de la población reclusa.

El autor del voluminoso documento es el coordinador general de la Asociación pro Derechos Humanos-Andalucía, Valentín Aguilar, un abogado experto en la pelea por la mejora de las condiciones de vida en las cárceles.

Los presos que trabajan lo hacen en alguno de los 131 talleres que hay en 53 cárceles españolas o en los servicios penitenciarios de los centros, como alimentación, panadería, economato, mantenimiento o actividades auxiliares.

Todos están afiliados al régimen de la Seguridad Social y las retribuciones están vinculadas al salario mínimo interprofesional, pero, según Aguilar, no cuadran. "El precio oficial está establecido entre los tres y cuatro euros por hora, pero hay denuncias que demuestran medio euro por hora. Instituciones Penitenciarias asegura que el importe medio ronda los 300 euros al mes, pero los trabajadores cuentan que no supera los 150. No es exagerado hablar de explotación laboral".

Los colectivos que defienden la constitucionalidad de las condiciones laborales en prisión subrayan que los reclusos "desean a toda costa" trabajar. ¿Por qué? Porque con ello consiguen ingresos con los que apoyar a la familia o cubrir sus propios gastos. Porque les aleja de la inactividad y la permanencia en los patios. Y porque logran con mayor facilidad permisos o beneficios como el tercer grado. "Sin embargo, muchas veces, la opción de trabajar implica perder una serie de derechos como son el acceso a la educación u otros programas de tratamiento que se devienen incompatibles por el horario", según Aguilar.

La Asociación Pro Derechos Humanos-Andalucía critica también la presencia de sindicatos "que defienden los intereses de los funcionarios, pero no de los trabajadores privados de libertad".

La guía busca facilitar la inserción, otro concepto garantizado en la Constitución, a través de la práctica laboral, pero también "obtener un ahorro de los gastos de la Administración". Y pone un ejemplo: los 1.763 trabajadores de las cocinas de todos los centros penitenciarios permiten que el importe de ración sea de 3,77 euros por día e interno frente a los 14 euros que la Administración abona en las prisiones de Cataluña, donde este servicio está externalizado.

150 EUROS AL MES

Los autores de la guía sostienen que el precio oficial está entre 3 y 4 euros por hora, pero que los presos llegan a cobrar medio, unos 150 euros de salario al mes. El trabajo de los 1.763 internos de cocinas permiten que el importe de la ración sea de 3,77 euros. Con la privatización del servicio en Cataluña, el precio sube a los 14.

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