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UNA VEINTENA DE PRESOS LO HAN SOLICITADO

La Audiencia Nacional esgrime la ‘vía Nanclares’ para rechazar el acercamiento de presos

30 de octubre de 2015

Se opone a reagrupar a una veintena de presos y alega que esa decisión corresponde a Moncloa.

DEIA (CARLOS C. BORRA).- La Audiencia Nacional ha avalado la decisión del juez de vigilancia penitenciaria de rechazar el traslado de presos de ETA a cárceles de Euskadi, alegando que la actual política de dispersión no vulnera sus derechos fundamentales, poniendo a la vía Nanclarescomo ejemplo para que los reclusos cumplan condena en prisiones cercanas a sus lugares de origen y afirmando que, en todo caso, esta es una cuestión que corresponde al Gobierno español. En un auto conocido ayer, la sección primera de la Sala de lo Penal, reunida en pleno, rechaza el recurso presentado por el que fuera presidente de la fundación Joxemi Zumalabe, Carlos Trenor, contra la decisión del juez de mantenerle en la prisión de Ocaña, en Toledo. En la práctica, este fallo afecta a otros 18 presos que cumplen condena en diferentes cárceles de todo el Estado español, que verán asimismo sus recursos desestimados.

A diferencia del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, la Sala argumenta al detalle la decisión adoptada y explica que ha tenido en cuenta “acontecimientos sociales” como el cese definitivo de la actividad de ETA, que hacen posible “una especie de reagrupamiento controlado de una parte de aquellos internos que han roto sus vínculos con la organización terrorista”. Se refiere así a la vía Nanclares, que integra a los presos que han rechazado la violencia y han reconocido el daño causado. Frente a ellos, la AN contrapone “otro grupo que han decidido no solo no cortar con la ortodoxia de la banda armada, sino continuar con sus postulados, no reconociendo a las víctimas y no cercenando así su pasado delictivo”.

Según los magistrados, con la dispersión, que es “una alternativa de política criminal que en último caso corresponde decidir el Gobierno”, no se ha producido ninguna vulneración de derechos fundamentales ni se ha contravenido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Afirman en su escrito que el alejamiento del País Vasco “se produce en el marco de un tratamiento político colectivo” y que, en el caso de que se viole uno de sus derechos fundamentales, el juez deberá solventarlo de manera individualizada, lo que no tiene por qué conllevar un cambio de centro.

En cuanto a las consecuencias de la dispersión para los familiares de los presos, los jueces señalan que un “hipotético impedimento” a desplazarse a las cárceles por razones de edad, estado de salud o índole económica, “se solventa con los permisos extraordinarios que puede solicitar el interno”. Recuerdan que también hay que tener en cuenta “el respeto debido a la dignidad de las víctimas, que se vería quebrantado” si los reclusos estuvieran en centros próximos, así como la seguridad de los funcionarios de prisiones, que han sido objetivo en el pasado de acciones de la banda.

La Sala defiende, por tanto, la facultad de Instituciones Penitenciarias de decidir de forma “individualizada” sobre el lugar de cumplimiento de condena, un dictamen susceptible de ser examinado por la Justicia. Dicho esto, argumenta que el derecho de defensa de los presos está garantizado al contar con todas las vías de comunicación previstas en el Reglamento Penitenciario, indica que la asistencia sanitaria se respeta en todo el Estado y precisa que las clases que Carlos Trenor recibió en la UNED prueban que puede ejercitar su derecho a la educación. “La concentración de presos de ETA en determinados centros penitenciarios perturbaría frecuentemente la seguridad de los mismos y obstaculizaría la reinserción social de aquellos otros que han optado por esta vía, dificultando su separación definitiva de la banda”, concluye.

VOTO PARTICULAR 

Esta decisión, adoptada por cinco de los seis magistrados de la sala -Ramón Sáez emitió un voto particular-, afecta a Francisco Mujika Garmendia Pakito, Juan Antonio Olarra Guridi, Jesús Arcauz Arana Josu de Mondragón, Francisco Javier Balerdi, Iñaki Cañas, José Miguel Etxeandia, Sergio García Razkin, Francisco Javier Zabaleta, Germán Urizar, Miguel Ángel Askisabar, Asier Uribarri, Luis Ángel Galarza, Javier Aranburu, Unai Fano, Garikoitz Arrurt, Jesús María Altable, Ignacio Etxebarria y Sebastián Etxaniz. Por su parte, Carlos Trenor fue condenado a 17 años de cárcel en diciembre de 2007 en el macroproceso de las ilegalizadas Ekin-KAS-Xaki.

En su voto particular, Sáez sostiene que, en ocasiones, la cercanía a la familia y a los amigos “puede convertirse en un mecanismo de conexión con una realidad social cambiante que rechaza la violencia terrorista, lo que podría propiciar procesos de reflexión en clave de reconocimiento del daño causado a las víctimas”. Por ello, considera que la Sala debió fallar a favor del acercamiento de Trenor a Zaballa o a un centro cercano a su domicilio para “propiciar el mantenimiento y la mejora” de sus relaciones sociales y evitar el desarraigo, al considerar que la decisión del Gobierno español “se desentiende del derecho del recluso a la vida familiar”.

La resolución conocida ayer provocó las críticas de Sortu y EH Bildu. Así, la primera formación denunció que “en el Estado español el poder judicial no es independiente y funciona al dictado de los intereses de un Gobierno que está en una actitud de boicot permanente, que profundiza en todo tipo de vías involutivas y usa sus aparatos policiales y judiciales para reprimir y boicotear la resolución del conflicto”. Por su parte, EH Bildu situó esta decisión “dentro de la política de venganza que viene desarrollando el Estado español”, que “es una democracia incompleta; el sistema heredero del franquismo no ha interiorizado que debe cumplir todos los principios democráticos”.

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