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Unas 1.700 mujeres podrán recurrir la libertad o los permisos de sus maltratadores

29 de octubre de 2015

Entra en vigor el primer Estatuto de la Víctima del Delito que protegerá a los damnificados por una infracción penal.

IDEAL (JOSÉ RAMÓN VILLALBA).- El Estatuto de la Víctima del Delito entró en vigor este miércoles en todo el país y sólo en Granada el pasado año se cometieron 34.098 infracciones penales, con más de veinte mil víctimas. Esta ley -4/2015- de 35 artículos y dos disposiciones adicionales persigue como finalidad proteger en el proceso judicial y extrajudicial a esta personas, se personen o no en las causas que los tribunales siguen para castigar el delito o la falta cometido contra la víctima. No se trata sólo de castigar el hecho punitivo, sino de proteger a la persona dañada por el mismo y evitar un doble sufrimiento para la misma.

El ejemplo más directo y claro de los beneficios de este estatuto lo tendrán las mujeres maltratadas, quienes podrán personarse para recurrir cualquier permiso penitenciario, cambio de grado o libertad condicional que le sea concedido a su maltratador mientras siga en prisión. En Granada hay 1.668 victimizaciones por violencia de género, según el Ministerio del Interior; son féminas que denunciaron hechos graves vinculados con la violencia de género, pero no se les identifica como víctimas porque alguna de ellas ha podido denunciar más de un ilícito.

Hasta la publicación del presente Estatuto de la Víctima del Delito no existía ningún texto legal que recogiera los derechos de la víctima. Sólo en algunas leyes se recogían derechos exclusivamente procesales, y en otras, exclusivamente para tipos muy concretos de víctimas.

El artículo 13 del citado estatuto mantiene que aquellas víctimas que lo soliciten podrán recibir del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria determinadas resoluciones sobre la clasificación del penado, libertad condicional, permisos de salida y sin necesidad de estar personadas en el procedimiento, pudiendo recurrirlas. Dispondrán de quince días para presentar sus escritos en el juzgado competente. Eso sí, el juez de Vigilancia Penitenciaria tendrá la última palabra, pero ahora la víctima sí tendrá derecho a ser oída. En Granada hubo un caso en 2013, en el que un maltratador acusado de tentativa de asesinato disfrutó de su primer permiso penitenciario tan sólo seis años después de ingresar en el penal por propinar distintos martillazos a una vecina de Valderrubio, a quien dejó moribunda en la cuneta de una carretera. La decisión de su permiso vino motivada por un informe de buena conducta de la cárcel de Daroca (Zaragoza). La víctima no pudo ser escuchada. A raíz de aquel permiso la asociación Terrorismo Machista trabajó para impulsar este derecho de las mujeres maltratadas que este miércoles viene recogido ya en el Estatuto de las Víctimas.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, dijo este martes que la entrada en vigor del nuevo Estatuto de la Víctima del Delito cambiará «radicalmente la filosofía» respecto a este colectivo, puesto que, entre otros aspectos, intensificará sus derechos sociales y de participación en el proceso penal. También se «intensificará la intimidad» que merece este colectivo y se recoge la posibilidad de que ciertas declaraciones puedan ser grabadas, evitando así que sea necesario que la víctima acuda a la sala en el momento de celebrarse el juicio.

La nueva ley no sólo será aplicable a las víctimas directas del delito, sino también a las indirectas: familiares cuando la persona dañada haya fallecido o se encuentre en paradero desconocido como consecuencia de un delito. Este estatuto reconoce el derecho a la información desde el primer momento sobre medidas de asistencia médicas, psicológicas o materiales y procedimientos para obtenerlas, posibilidad sobre la información de obtener un alojamiento alternativo, procedimiento para obtener asesoramiento jurídico, indemnizaciones a las que tenga derecho, medidas de protección y servicios de justicia restaurativa.

Otra de las novedades del nuevo documento que este miércoles entra en vigor es la prohibición expresa a los abogados y procuradores de dirigirse durante un periodo de cuarenta y cinco días a víctimas directas o indirectas de catástrofes u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de víctimas. Esta norma no se aplica si ella es la encargada de contactar con el letrado.

El nuevo estatuto modifica a la ley de enjuiciamiento criminal en distintos puntos. Uno de ellos -artículo 282- obliga a la Policía Judicial a informar a las víctimas de todos sus derechos, así como a valorar sus circunstancias particulares para determinar provisionalmente las medidas de protección más adecuadas, sin perjuicio de la decisión final del juez instructor de la causa.

Además de todo este elenco de medidas, serán protegidas para evitar encontrarse con su verdugo en el juicio, antes o después del proceso judicial. Imaginen por ejemplo una persona que ha sufrido una atraco en su local comercial y sabe que el delincuente anda suelto después de haberlo denunciado. Con el Estatuto en la mano tendrá derecho a disponer de protección.

Y lo principal. Con esta nueva ley, las víctimas no se convertirán en perdedores por partida doble, por el delito sufrido y por el sufrimiento posterior. Al menos, esa es la idea.

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