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La jueza interviene las comunicaciones de La Tigresa pese a sus salidas de prisión para sacar el carné

21 de septiembre de 2015

DIARIO DE LEON (MATEO BALÍN).- Las 17 salidas de prisión sin vigilancia policial para obtener el carné de conducir no han servido para que Idoia López Riaño, la histórica etarra conocida como ‘La Tigresa’ y ahora desvinculada de la banda, siga con estrictos controles en el centro penitenciario de Zaballa (Álava), donde cumple condena hasta agosto de 2018 por 23 asesinatos en los años ochenta, por los que lleva en prisión cerca de 22.

La que fuera integrante del cruento comando Madrid tiene intervenidas las comunicaciones desde el pasado 1 abril, tanto orales como escritas, relativas a sus llamadas telefónicas o a las visitas de familiares y amigos. Una decisión tomada por la dirección del centro carcelario que ahora ha sido ratificada por una juez de la Audiencia Nacional con funciones de Vigilancia Penitenciaria, según el auto.

La magistrada María de los Reyes Jimeno considera que la reinserción de ‘La Tigresa’ «aún presenta importantes lagunas y deficiencias» para tener intervenidas sus comunicaciones. «No se aprecia un arrepentimiento pleno, no consta que haya expresado por escrito o de forma pública el perdón a todas las víctimas de sus delitos y no ha colaborado con las autoridades judiciales o policiales encaminadas a conseguir el final de ETA», justificó.

La juez reconoce en el auto que «si bien la calificación de la interna puede calificarse de positiva y ha puesto de manifiesto un aceptable grado de desvinculación» de la banda, sin embargo no es suficiente porque «sólo asume una parte de su actividad delictiva».

Precisamente, una resolución de febrero del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria afirmaba que pese a cumplir condena por 23 asesinatos «sólo admite dos, alegando de forma justificativa que se trataban de un traficante de drogas y de un miembro de los GAL».

No obstante, los contundentes argumentos de la juez Jimeno contrastan con los ‘pasos’ dados por la reclusa desvinculada de ETA desde 2010. El dato es que ‘La Tigresa’ se encuentra en la cárcel vasca donde trasladan a aquellos etarras arrepentidos que en su momento se acogieron a la denominada ‘vía Nanclares’, ahora en punto muerto.

La postura del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria difiere de las resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, instancia superior. El hecho más palpable es que la sección primera, presidida por Fernando Grande-Marlaska, autorizó en noviembre pasado que la interna pudiera sacarse el carné de conducir en aplicación del artículo 117 del Reglamento Penitenciario, situación legal necesaria para aquellos presos en segundo grado que no disfrutan de permiso de salida de varios días, como es el caso de López Riaño.

17 SALIDAS SIN CONTROL

Ello supuso que la reclusa abandonase durante dos horas diarias el centro penitenciario para realizar 17 clases prácticas en Vitoria y alrededores, acompañada de un educador que habitualmente trabaja con ella y, lo más llamativo de todo, sin control policial.

Esta circunstancia ha sido capital para que su abogado, Fernando Pamos de la Hoz, recurriese la decisión de la juez Jimeno, que apeló además a la «capacidad criminal y peligrosidad» de ‘La Tigresa’. Por ello, ha elevado una apelación a la Sala Penal para que revoque la intervención de sus comunicaciones. Una medida restrictiva de los derechos fundamentales de los presos que debe ser temporal (revisable cada seis meses) y requiere una profunda motivación, como reconoce el Tribunal Constitucional y la corte Europea de Derechos Humanos.

La juez menciona que la falta de reconocimiento del daño causado se aprecia en las comunicaciones realizadas por la interna, tanto telefónicas, postales y orales, y que su control «es un instrumento imprescindible como herramienta de contraste, conocimiento y consolidación de su evolución en el proceso de reinserción social», en referencia a los contactos que mantiene con sus familiaraes, amigos y otras personas del exterior.

 

 

 

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