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El TS archiva la causa contra Mercedes Gallizo por los vertidos de la cárcel de Albolote

17 de septiembre de 2015

Concluye que no hay indicios de delito de prevaricación, contra la ordenación del territorio o contra el medio ambiente.

HERALDO - EFE.- El Tribunal Supremo (TS) ha archivado la causa contra la diputada socialista de Madrid y ex secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, por delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente por los vertidos de la cárcel de Albolote (Granada).

En el auto, la Sala de lo Penal concluye que no hay indicios de delito, puesto que "no se acredita indiciariamente" que Gallizo -que pidió al PSOE aplazar su nombramiento como senadora hasta aclarar su situación en la causa- tuviera conocimiento de los vertidos de las aguas residuales de la prisión.

El titular del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, imputó a Gallizo la presunta autoría de los delitos de prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el Medio Ambiente, pero al tratarse de una aforada elevó una exposición razonada al Supremo.

"No consta que la aforada haya provocado ni consentido directa o indirectamente que se realizaran vertidos desde el centro penitenciario", señala la Sala.

Y, además, añade que "la materia no era de su competencia directa" sino de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios, y que "no puede afirmarse que se haya producido una completa omisión desde Instituciones Penitenciarias en el intento de controlar los vertidos denunciados".

En este sentido, precisa que sí se tomaron algunas medidas, como lo acreditan los escritos enviados a la Confederación Hidrográfica y la existencia de contratos de mantenimiento de las instalaciones con diversas empresas.

De esta forma queda allanado el camino para Gallizo se convierta en senadora, una vez que el partido explicó que retrasarían su designación hasta que se aclarase la causa.

Al respecto, los socialistas confiaban en el archivo de la causa porque "ni se ha acreditado irregularidad administrativa alguna, ni falta de actuación ante ningún requerimiento, ni siquiera están claros los supuestos daños producidos, ni el origen de los mismos".

Los vertidos fueron denunciados en 2010 por un particular que aseguró que, desde 1997, su finca, ubicada junto a la prisión provincial, había sufrido graves daños por vertidos procedentes de la cárcel que han afectado además al cauce del arroyo El Juncal.

El juez instructor también imputa los mismos cargos al actual secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, así como a diferentes responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y técnicos encargados de la depuradora de la que salieron los vertidos.

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