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Los presos de Palma, sin visitas médicas por la falta de funcionarios

16 de septiembre de 2015

Fiscalía denuncia su 'dificultad' para acudir a consultas externas porque no hay quien les acompañe. La piscina de la cárcel de Palma lleva tres años cerrada por falta de presupuesto. En Ibiza llevan dos años con puntales a la espera de una solución de Interior.

EL MUNDO (LAURA JURADO).- Ni médicos en la prisión de Mahón ni personal suficiente para acudir con los reclusos a las consultas externas en Palma. La Fiscalía General del Estado denuncia la «dificultad» de los reos mallorquines para asistir a centros médicos por la «escasez» de personal policial que les acompañe. Así, el Ministerio Público asegura que se ha suspendido una misma visita médica «hasta en cinco o seis ocasiones». Una dura radiografía de las prisiones baleares que completa la de Ibiza: apuntalada por la aparición de nuevas grietas.

«Nos ha preocupado especialmente la dificultad reflejada por los internos para poder ser conducidos a los centros médicos externos», recoge la Fiscalía en su memoria para 2014. El órgano judicial subraya que la «escasez» de funcionarios policiales en el centro penitenciario de Palma está detrás de este problema de asistencia, que ha llevado a retrasar continuamente las consultas a los reos, «llegando a suspenderse hasta en cinco o seis ocasiones una visita».

La situación llevó al Ministerio Fiscal a poner los hechos en conocimiento del Fiscal Superior y del director de la prisión, Gustavo Villas. Así, en su informe reconocía que muchos reclusos habían optado por la «autogestión» y habían utilizado sus permisos carcelarios, en caso de tenerlos, para poder acudir a las consultas. Uno de los escasos recursos que el centro había conseguido poner en marcha, junto a la creación de una lista de «salidas prioritarias».

Esta denuncia de Fiscalía sobre la prisión palmesana se suma a la que este diario publicó el pasado lunes y en la que, haciéndose eco de un informe del Defensor del Pueblo, revelaba la «insuficiencia de personal médico y sanitario», así como la falta de supervisión psiquiátrica en la cárcel de Mahón. Deficiencias que relacionaba de forma directa con los dos suicidios registrados en 2013 en apenas seis meses por los «fallos en la detección de riesgo vinculadas a ciertos trastornos psicológicos».

Sin embargo, la crítica del Ministerio Público no acaba aquí, y es que su memoria para 2014 realiza una radiografía de la situación de los centros penitenciarios en todo el archipiélago, cuya población reclusa era de 1.715 personas el pasado abril. A las irregularidades en la asistencia médica, suma las «numerosas quejas» sobre alimentos y menús en la prisión menorquina o la constatación de que la piscina exterior de la cárcel de Palma «permanece cerrada desde hace tres años por problemas presupuestarios». Eso sí, matiza, «con el mantenimiento del agua».

No obstante, una de las situaciones más preocupantes es la del centro situado en Ibiza, y cuyo director remitió un informe a la Fiscalía donde reconocía que se habían apuntalado las cubiertas -compuestas por grandes bloques de hormigón- después de la aparición de nuevas grietas en el edificio, que provocaron la intervención de los arquitectos municipales. Los especialistas recomendaron, también, que el centro reformara toda su instalación eléctrica.

Fuentes de la prisión ibicenca reconocían ayer a este periódico que las grietas son un problema «histórico» en el edificio, ya que se presentaron quejas incluso en los años 90. «El centro lleva apuntalado dos años y estamos esperando la respuesta de Instituciones Penitenciarias para saber qué reforma pueden realizar», sostienen.

Los terrenos inestables sobre los que se asienta el centro y la mala calidad de los materiales empleados en la construcción se apuntan entre las causas de su estado actual. Por el momento, la prisión ha emprendido la sustitución de toda su instalación eléctrica ya obsoleta, y que había provocado numerosos problemas tanto en la iluminación interior como en los focos de vigilancia exterior. Las obras comenzaron hace unos tres meses y se espera que se prolonguen al menos tres meses más.

En su informe para el pasado año, el Defensor del Pueblo incluía también que la prisión de Ibiza -junto a las de San Sebastián y Melilla- es una de las pocas de España que mantiene la existencia de celdas colectivas en sus instalaciones. Según detallaba, se trataba de tres centros que utilizaban esta práctica de forma «habitual» y no como una excepción en casos de saturación de reclusos, y que habían llegado a incluir en un mismo habitáculo a más de tres reos.

El órgano presidido por Soledad Becerril reconocía que el gran incremento de población reclusa de los años 80 impidió que se cumpliera la Ley General de Penitenciaria, que establecía un único interno por celda. El descenso en su número en décadas posteriores había hecho que «lo habitual» fueran las celdas dobles. «No obstante, en ocasiones las celdas son ocupadas por tres personas, siendo el caso extremo las denominadas colectivas», remarcaba.

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